Redacción

Las personas que han tenido el coraje de denunciar a Alonso Cacho Silva han acabado trasladadas de sus áreas, con expedientes perjudicados o simplemente fuera de la institución, mostrando claramente que levantar la voz trae consecuencias.

El costo de la queja en la SEDATU parece ser demasiado elevado. Así lo indican los testimonios de empleados que han decidido romper el silencio para señalar las presuntas irregularidades de Alonso Cacho Silva.

El patrón descrito se repite: tras presentar una queja o manifestar su descontento, los denunciantes son apartados de sus cargos, reciben una carga laboral desproporcionada o son sometidos a procesos administrativos que concluyen con su salida de la dependencia.

Este clima de intimidación no solo infringe los derechos de las víctimas, sino que también envía un mensaje claro a cualquier otro trabajador que podría considerar denunciar: el precio de hablar es la pérdida de tu empleo y tu tranquilidad.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene el deber de investigar no solo las faltas del funcionario señalado, sino también las posibles represalias contra quienes han presentado denuncias.