Por Redacción
San Antonio Abad 124, Ciudad De México, 18 de marzo de 2026.- Un conflicto por la responsabilidad en la supervisión de una demolición que dejó víctimas mortales enfrenta al Gobierno de la Ciudad de México y a la alcaldía Cuauhtémoc. El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, acusó a la demarcación de presentar inconsistencias en su documentación, mientras que la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega ha señalado que acuerdos del gobierno central impedían revisar las obras. El incidente, ocurrido el pasado 9 de marzo en el número 124 de la calle San Antonio Abad, mantiene una investigación fiscal en curso y ha generado cierres parciales en la Línea 2 del Metro por obras de remodelación relacionadas con la Copa del Mundo.
La disputa se centra en quién debió supervisar la demolición que terminó en derrumbe. Desde el gobierno capitalino, el secretario Inti Muñoz afirmó que existen “inconsistencias en la documentación de la alcaldía Cuauhtémoc que demuestran su responsabilidad”. Por su parte, la alcaldesa Rojo de la Vega ha defendido la postura de su administración, alegando que acuerdos previos del Gobierno de la CDMX le impedían revisar las demoliciones, lo que traslada la responsabilidad hacia las autoridades centrales.
Mientras la investigación para determinar la causa técnica específica del colapso avanza, Muñoz informó que los familiares de las víctimas ya están recibiendo apoyos por parte de la empresa encargada de la obra, identificada como DeMet. Sin embargo, el funcionario no especificó el número exacto de fallecidos y heridos, ni el tipo y monto de los apoyos económicos entregados.
El hecho ocurrió en una zona donde coinciden obras de infraestructura mayores. De manera simultánea a la investigación del derrumbe, se registraron cierres en las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la Línea 2 del Metro, debido a trabajos de remodelación vinculados a la próxima Copa del Mundo de fútbol. Estas obras, aunque separadas del incidente, complejizan el panorama en la zona.
La falta de datos oficiales consolidados, como el número preciso de víctimas y los detalles de la investigación técnica, mantiene en incertidumbre a los afectados. La pugna política entre las dos instancias de gobierno, por ahora, opaca la búsqueda de respuestas y la rendición de cuentas, dejando en segundo plano las demandas de justicia por parte de los familiares.
