Por Redacción
La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Una jueza federal ordenó la reapertura por tres meses de la investigación penal contra el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de liderar una organización criminal dedicada al contrabando de combustible, conocida como “huachicol fiscal”, tras determinar que la Fiscalía General de la República (FGR) vulneró su derecho de defensa al negarse reiteradamente a facilitar el acceso completo al expediente. La resolución, emitida en marzo de 2026 por la titular del Centro de Justicia Penal Federal, Mariana Vieyra Valdés, concede a la defensa del imputado y a la propia FGR un nuevo plazo para realizar diligencias complementarias en la causa penal 325/2025.
El caso se remonta al decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas en marzo de 2025, operación que habría destapado la presunta red ilegal. Farías Laguna, quien se encuentra recluido en el penal del Altiplano, está señalado como presunto operador de la organización “Los Primos”, la cual habría utilizado instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para sus actividades ilícitas. Su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, también implicado, permanece prófugo de la justicia.
La defensa del exvicealmirante, a cargo del despacho Epigmenio Mendieta, argumentó ante la jueza que la FGR incumplió en múltiples ocasiones su obligación de transparentar la totalidad de la carpeta de investigación, lo que impedía un ejercicio pleno del derecho a la defensa. Ante estos señalamientos y los plazos vencidos sin respuesta por parte de la fiscalía, la magistrada determinó acoger el reclamo y ordenar la reapertura de la investigación complementaria.
Este caso refleja las tensiones recurrentes entre las instituciones de justicia y la FGR en procesos de alto perfil, donde la transparencia y el acceso a la información se convierten en elementos centrales del debate judicial. La resolución judicial subraya la obligación de las autoridades ministeriales de garantizar los derechos procesales de los imputados, incluso en investigaciones por delitos complejos.
El desarrollo de esta investigación complementaria en los próximos tres meses será crucial para definir el curso legal del exvicealmirante y podría tener implicaciones en otros casos similares de presunta corrupción dentro de instituciones gubernamentales. La defensa ya había interpuesto recursos legales y enviado comunicaciones a la presidencia de la República alegando violaciones procesales, lo que añade un componente político al caso.
