Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, se enfrentaron públicamente por la responsabilidad en el colapso fatal de un edificio en la colonia San Antonio Abad, que el pasado 9 de marzo cobró la vida de tres personas. Mientras la alcaldesa asegura que la supervisión de la demolición correspondía al gobierno capitalino, el funcionario estatal sostiene que la vigilancia primaria era competencia de la alcaldía.
El conflicto gira en torno a un permiso de demolición para el inmueble ubicado en San Antonio Abad 124, que inicialmente fue negado el 17 de octubre pasado por la presencia de al menos diez riesgos graves. Sin embargo, apenas tres días después, la obra fue autorizada mediante un Acuerdo de Facilidades suscrito con el gobierno de la capital.
En sus declaraciones, Alessandra Rojo de la Vega argumentó que este acuerdo “obligaba a las autoridades de la Ciudad de México a supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad”. La alcaldesa fue más allá al calificar la decisión de autorizar la demolición como deliberada, afirmando: “No fue un error. Fue una decisión”.
Por su parte, el secretario Inti Muñoz Santini, en conferencia de prensa, rebatió esa postura. El funcionario capitalino sostuvo que “la responsabilidad primaria de vigilancia recaía de manera ineludible en la alcaldía Cuauhtémoc, con o sin acuerdo de facilidades”. Esta contradicción deja en el aire la determinación de quién debió evitar el colapso que terminó con tres vidas.
El caso expone las grietas en los protocolos de supervisión de obras de riesgo entre los dos niveles de gobierno en la capital. La falta de claridad en los mecanismos de coordinación y la asignación de responsabilidades específicas en obras autorizadas bajo figuras como el Acuerdo de Facilidades quedaron al descubierto tras la tragedia.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de las tres víctimas mortales, ni detalles sobre la empresa propietaria del edificio. Tampoco hay información oficial sobre el estado actual de la investigación para determinar las causas técnicas exactas del derrumbe y las posibles responsabilidades penales o administrativas.
El enfrentamiento entre la alcaldía Cuauhtémoc y el gobierno de Claudia Sheinbaum ocurre en un contexto de creciente escrutinio público sobre la seguridad en las construcciones y demoliciones en una ciudad con un parque inmobiliario envejecido. La tragedia de San Antonio Abad probablemente reavivará el debate sobre la necesidad de reformar los marcos normativos y los procedimientos de supervisión para prevenir futuras pérdidas humanas.
