Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas y profesores de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparan denuncias formales contra exdirectores y funcionarios actuales de la institución, así como miembros del Consejo de Arqueología, por presuntos daños graves al patrimonio arqueológico durante la construcción del Tren Maya. Las acusaciones se centran en la pérdida de más de 62,000 estructuras mayas no recuperadas hasta la fecha y en la manipulación irregular de monumentos en proyectos de parques memoriales en la península de Yucatán.
Los denunciantes, agrupados en la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico y el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, señalan directamente al exdirector del INAH, Diego Prieto, así como a Margarito Molina, director del Centro INAH en Quintana Roo, y a Manuel Pérez Rivas, encargado del salvamento arqueológico del proyecto ferroviario. Según los especialistas, las acciones se realizaron bajo el argumento de proyectos de desarrollo, lo que habría derivado en la destrucción o reubicación indebida de vestigios históricos.
Entre las cifras más alarmantes presentadas por los arqueólogos destaca el reporte de Fernando Cortés de Brasdefer, quien indica que más de 62,000 estructuras de la civilización maya no han sido recuperadas adecuadamente. Además, se menciona la existencia de 47 monumentos supuestamente restaurados en el proyecto de Chetumal y 36 piezas arqueológicas que fueron reubicadas en el parque Balam Tun, sitio que ha generado controversia por la denominada ‘deconstrucción’ de elementos originales para su recombinación en nuevos espacios.
Las denuncias apuntan a la posible comisión de delitos contra el patrimonio cultural, argumentando que se habrían empleado maquinaria pesada y métodos no protocolarios para intervenir los sitios. Aunque los especialistas sostienen que se trata de un ‘crimen de lesa arqueología’, la investigación señala que aún falta presentar evidencia documental y pericial concreta, como informes técnicos y fotografías, que respalden las acusaciones específicas sobre el uso de dinamita o retroexcavadoras ante la autoridad competente.
Este conflicto interno en el INAH pone de manifiesto la tensión entre la preservación del patrimonio y la ejecución de obras de infraestructura prioritarias para el gobierno federal. Los especialistas buscan llevar el caso ante el Ministerio Público o la Fiscalía correspondiente, aunque hasta el momento no se ha hecho pública la fecha exacta de la presentación formal ni la respuesta oficial de los funcionarios señalados, quienes mantienen el silencio institucional sobre las acusaciones vertidas por sus propios colegas.
La situación genera incertidumbre sobre el futuro de los hallazgos arqueológicos en la ruta del Tren Maya y abre un debate sobre la legalidad de los procesos de salvamento ejecutados hasta 2026. La comunidad académica espera que las autoridades judiciales inicien las investigaciones correspondientes para determinar la veracidad de los daños reportados y establecer las responsabilidades administrativas y penales en caso de confirmarse la destrucción de bienes culturales protegidos por la ley mexicana.
