Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Cámara de Senadores se prepara para discutir y votar la reforma constitucional conocida como ‘Plan B’ en materia electoral, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la expectativa de realizar la sesión plenaria el próximo miércoles 25 de marzo, antes del inicio de la Semana Santa. Aunque no existe una confirmación oficial definitiva sobre la fecha, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, aseguró que el grupo parlamentario tiene planeado aprobar el dictamen en los próximos días.
La propuesta ha generado una división marcada entre las fuerzas políticas. Mientras el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) mantienen su apoyo general a la iniciativa, aunque con reservas internas sobre ciertos puntos, la oposición ha endurecido sus críticas. El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, calificó la reforma como un intento de autoritarismo, etiquetándola públicamente como el ‘Plan Maduro’ y comparando sus efectos con un golpe de Estado institucional.
Uno de los aspectos más controversiales de la reforma es su impacto en la estructura de los gobiernos locales. De acuerdo con los datos manejados en la discusión, la modificación implicaría un aumento en el número de integrantes de los cabildos en aproximadamente 1,100 municipios del país, mientras que solo 56 verían reducida su composición. En el estado de Yucatán, por ejemplo, se estima que el 74% de los municipios tendría que ampliar su cabildo, lo que generaría 221 regidurías adicionales.
El diputado Elías Lixa Abimerhi criticó abiertamente esta medida, argumentando que la reforma no generará el ahorro prometido por el gobierno federal, sino que derivará en un mayor gasto público al obligar a la mayoría de los ayuntamientos a incrementar el tamaño de sus corporaciones. Por su parte, columnistas de opinión y analistas políticos han señalado que la inclusión de la revocación de mandato en el ‘Plan B’ resulta improcedente, dado que no se ha configurado la ‘pérdida de confianza’ hacia la presidenta, requisito establecido en la Constitución para activar dicho mecanismo.
La coordinación de Morena trabaja para consolidar los votos necesarios para la aprobación, contando con el respaldo de sus aliados en el Congreso. Sin embargo, persisten dudas sobre los detalles específicos de las leyes secundarias que se derivarán de este cambio constitucional y los plazos exactos para su elaboración. La votación del miércoles podría marcar un punto de inflexión en la configuración electoral del país, definiendo si la reforma avanza hacia su promulgación definitiva o si enfrenta obstáculos procedimentales en el pleno senatorial.
