Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex subprocuradora de Justicia de Guerrero, y de una exfuncionaria identificada solo como Margarita A., en relación con las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La decisión fue emitida por la jueza federal Nora Ileana García Peralta, quien ordenó prisión preventiva oficiosa para Estrada Ortega, quien será trasladada al penal de Santa Martha Acatitla.
De acuerdo con la información disponible, el plazo de investigación fijado por la autoridad judicial es de dos meses. Sin embargo, existen discrepancias en los reportes respecto a los delitos específicos por los cuales se vincula a la exfuncionaria. Mientras algunas fuentes indican que se trata de delitos contra la salud, otras especifican que la imputación incluye la posesión de cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados, hallazgos que surgieron en el contexto de la indagatoria sobre el caso Ayotzinapa.
El caso Ayotzinapa refiere a la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. La investigación actual ha sacado a la luz elementos relacionados con la pérdida, ocultamiento o destrucción de videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, hechos que podrían estar conectados con la obstrucción de justicia en el caso.
Hasta el momento, no se ha hecho público el nombre completo de la segunda exfuncionaria, Margarita A., ni se ha detallado si ambas mujeres están siendo procesadas por los mismos delitos o si su participación en los hechos es distinta. Tampoco se especificó el tribunal exacto más allá de la identificación de la jueza García Peralta, ni la hora precisa en que se llevó a cabo la audiencia de vinculación.
La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa implica que Blanca María del Rocío Estrada Ortega permanecerá en reclusión durante el proceso legal sin derecho a libertad provisional. Esta acción representa un avance significativo en las diligencias que la FGR mantiene abiertas más de una década después de los hechos, buscando esclarecer la responsabilidad de funcionarios públicos en la desaparición de los estudiantes.
La falta de claridad sobre si la vinculación es directamente por el caso de los normalistas o por delitos descubiertos incidentalmente durante la investigación mantiene abiertas preguntas sobre el alcance de las acusaciones. Las autoridades federales continúan con las diligencias necesarias para precisar la participación de los involucrados en los delitos imputados.
