Por Redacción
Dinamita, 20 de marzo de 2026.- Existencia de discrepancias en el número de personas detenidas durante un operativo policial realizado el miércoles 18 de marzo en la comunidad de Dinamita, Durango, marcó el balance de la jornada. Mientras organizaciones sociales y el obispo Raúl Vera López estiman que hay alrededor de 40 personas privadas de la libertad, la Fiscalía General del Estado confirmó la detención de 28 individuos a los que atribuye presuntos delitos de robo, extorsión y bloqueos.
El conflicto tiene como antecedente el despido injustificado de cuatro trabajadores de la empresa Sotomex, dedicada al transporte de explosivos. El Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua mantenía un plantón desde 2017 en oposición a un megaproyecto industrial y en apoyo a los trabajadores afectados. Durante el operativo, participaron elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Raúl Vera López y el Frente Unido denunciaron que la protesta fue pacífica y cuestionaron la legalidad de las acciones, señalando que familiares de los detenidos no han visto órdenes judiciales que respalden las detenciones. Según el prelado, de las aproximadamente 40 personas reportadas como desaparecidas o detenidas, solo se tiene ubicación conocida de ocho, generando incertidumbre sobre el paradero y estado de salud del resto.
Por su parte, la Liga Sindical de la Confección en Nazareno habló de 27 detenciones que calificó como arbitrarias. La cifra contrasta con el reporte oficial de la Fiscalía de Durango, encabezada por Sonia Yadira de la Garza Fragoso, que insiste en la cifra de 28 detenidos y en la imputación de delitos graves como justificación del uso de fuerza pública.
La tensión se trasladó a Gómez Palacio, donde familiares de los detenidos se manifestaron frente al Palacio de Justicia para exigir su liberación y conocer su situación legal. Hasta el momento, no se ha divulgado una postura oficial detallada por parte del gobernador Esteban Villegas Villarreal o de la presidenta municipal Betzabé Martínez Arango respecto a las acusaciones de represión desproporcionada.
La falta de información precisa sobre la hora exacta del operativo, los nombres completos de los detenidos y la ubicación de la mayoría de ellos mantiene el clima de incertidumbre en la región de La Laguna. Las autoridades estatales enfrentan el desafío de clarificar el estatus legal de los detenidos ante las denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de organismos civiles y religiosos.
