Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- El debate legislativo sobre la reforma constitucional en materia electoral y revocación de mandato se encuentra en una etapa crítica en el Senado de la República, donde los seis votos del Partido del Trabajo (PT) se han convertido en el factor determinante para alcanzar la mayoría calificada requerida. Aunque las fuerzas políticas que conforman la mayoría relativa en la Cámara de Diputados suman 300 legisladores, en la cámara alta Morena, el PVEM y el PT reúnen 87 votos, apenas dos por encima del umbral de 85 necesarios para validar cambios constitucionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsó el envío del denominado “Plan B” de reforma electoral el pasado 17 de marzo, iniciativa que incluye puntos controversiales como la reducción de puestos en ayuntamientos, el recorte de sueldos a funcionarios electorales y modificaciones a la integración del Congreso. Sin embargo, el proceso de dictaminación enfrenta obstáculos internos, ya que existen posiciones divergentes dentro de la coalición gobernante y dudas específicas por parte de senadores del PT que podrían impedir la aprobación si no se logran consensos previos.
En medio de este escenario, el senador Manlio Fabio Beltrones ha presentado una propuesta legislativa alternativa, generando un contraste de posturas al interior del recinto parlamentario. Mientras la mandataria promueve su paquete de reformas, la iniciativa de Beltrones añade complejidad a la negociación, en un contexto donde también se discute la viabilidad política de los cambios propuestos frente a las instituciones existentes.
La definición del rumbo de esta reforma depende de una reunión extraordinaria convocada para dictaminar el proyecto, en la cual participarán figuras clave como Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza, presidentes de las comisiones involucradas. La postura final del PT será decisiva, dado que sin sus seis votos la bancada oficialista no podría cumplir con el requisito de las dos terceras partes del Senado, frenando así la modificación constitucional.
El organismo electoral, encabezado por su presidenta Guadalupe Taddei, es parte central de las discusiones debido a que la reforma plantea cambios estructurales que afectan directamente la operación y financiamiento del Instituto Nacional Electoral (INE). Hasta el momento, no se ha hecho pública la postura definitiva de Taddei tras las reuniones sostenidas con los legisladores, ni se han detallado las propuestas específicas de cambio planteadas individualmente por cada senador del partido aliado.
Las discrepancias sobre el estatus del proyecto persisten en el ámbito público; mientras algunas fuentes indican que el Congreso rechazó la propuesta presentada por la mandataria, otros informes señalan que el proceso de votación y dictaminación del “Plan B” continúa en curso. La resolución de estas contradicciones y la unificación de criterios al interior de la mayoría legislativa definirán si la reforma electoral logra avanzar o queda estancada en las comisiones del Senado durante esta sesión legislativa de marzo de 2026.
