Por Redacción
Nueva York, 22 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó formalmente a un tribunal federal de Nueva York que desestime la apelación presentada por la defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México. La petición forma parte del proceso legal posterior a la sentencia de octubre de 2024, en la que el funcionario fue condenado a más de 38 años de prisión y a una multa económica por delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio.
La fiscalía estadounidense presentó un documento jurídico de más de 100 páginas en el que argumenta los motivos para rechazar los recursos interpuestos por el equipo legal del exfuncionario. Los fiscales especiales Adam Amir y Joseph Nocella son los encargados de llevar la voz del gobierno estadounidense en este caso, buscando mantener firme la condenatoria obtenida tras un juicio que se extendió por cinco semanas.
La defensa de García Luna, encabezada por el abogado César de Castro, había presentado su apelación en diciembre de 2025. Los argumentos de la protección jurídica se basaron en la afirmación de que el juicio original se sustentó principalmente en testimonios no corroborados provenientes de criminales, cuestionando así la validez de las pruebas que derivaron en la sentencia.
Ante los alegatos de la defensa, el Departamento de Justicia responde ahora con esta solicitud de rechazo, detallando en su extenso escrito las razones legales para considerar infundados los puntos levantados por De Castro. Conforme a los procedimientos del tribunal, la parte demandante cuenta con un plazo de 21 días hábiles para presentar una respuesta formal a los argumentos expuestos por la fiscalía en este nuevo turno procesal.
Este movimiento judicial ocurre mientras García Luna cumple la pena impuesta, la cual incluye además de la privación de la libertad, el pago de una sanción económica cuya cifra varía según las fuentes consultadas entre dos y cinco millones de dólares. La resolución final sobre esta apelación determinará si la condena se mantiene o si el caso vuelve a abrirse para revisión.
