Piedras Negras, 24 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentó una orden de cateo y aseguró un inmueble deportivo en Piedras Negras durante la madrugada del pasado domingo, lo que derivó en el desalojo de 15 personas que participaban en el Primer Nacional para Deportistas con Discapacidad Intelectual, Síndrome de Down y Parálisis Cerebral. El operativo, realizado alrededor de la media noche, generó una confrontación inicial entre autoridades estatales y municipales por la posesión del recinto, el cual figura como propiedad de particulares.

El inmueble intervenido es un Centro de Concentración de Alto Rendimiento ubicado dentro de la Unidad Deportiva “Santiago V. González”. En el momento del aseguramiento, el lugar servía de alojamiento para jueces internacionales, entrenadores y atletas que se encontraban en la ciudad para competir en el evento nacional. Según los datos duros de la investigación, la construcción data de 2014 y requirió una inversión de 30 millones de pesos; su capacidad instalada incluye 24 dormitorios dobles, diseñados para albergar a 48 personas.

La ejecución de la orden judicial se llevó a cabo de manera nocturna, interrumpiendo la estancia de los visitantes que habían llegado para la competencia deportiva. La presencia simultánea de elementos de la FGE y autoridades del municipio de Piedras Negras marcó el inicio de un conflicto por la posesión y el control del espacio, aunque la investigación no detalla el desenlace jurídico inmediato ni las posturas oficiales específicas de cada corporación tras el hecho.

Hasta el momento, no se ha divulgado la identidad de los particulares propietarios del inmueble ni el motivo específico que motivó la investigación penal y el posterior desalojo. La información disponible confirma que se trató de un aseguramiento por cumplimiento de mandato judicial, pero carece de detalles sobre la naturaleza del litigio o la resolución final respecto a la situación legal del centro deportivo.

Este evento pone de manifiesto la complejidad en la tenencia de infraestructura deportiva en la región, donde la intervención de la justicia estatal sobre propiedades privadas o en disputa impacta directamente en actividades de alto rendimiento y eventos de inclusión. Las autoridades no han emitido un comunicado detallado que aclare los siguientes pasos legales o la reubicación de los participantes afectados por la medida de aseguramiento.