Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- El juez Gerardo Anguiano Ceja vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por delitos relacionados con el proyecto Next Energy, tras concluir una audiencia que se extendió por casi 24 horas y que había iniciado el 23 de marzo. La decisión implica que el exfuncionario deberá enfrentar un proceso penal por las acusaciones de daño al erario estatal derivadas de un contrato para una planta fotovoltaica en Mexicali que nunca fue construida.
La Fiscalía General del Estado de Baja California sustentó la imputación señalando irregularidades en los permisos y compromisos financieros asumidos durante la gestión de Bonilla, quien gobernó la entidad de 2019 a 2021. Según las cifras presentadas en el caso, el proyecto Next Energy comprometía pagos mensuales de 123 millones de pesos por un periodo de 30 años. Como medida cautelar, se fijó una garantía económica de alrededor de 100 mil pesos y se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
Durante el procedimiento, la defensa de Jaime Bonilla Valdez argumentó que los pagos de 123 millones de pesos vinculados al proyecto se efectuaron entre enero y febrero de 2022, periodo en el cual el exgobernador ya no se encontraba en funciones. Asimismo, Bonilla sostuvo que su administración únicamente tenía la obligación de pagar por un servicio y no de construir la planta, contradiciendo la tesis fiscal que apunta a responsabilidades directas en la gestación del contrato fallido.
La resolución judicial se emitió en la Ciudad de México, donde se llevó a cabo la audiencia con la participación de las partes involucradas. Aunque la investigación no detalla las pruebas específicas presentadas por la Fiscalía ni el nombre exacto del tribunal, el fallo del juez Anguiano Ceja da curso formal a la acción penal en contra del líder estatal del Partido del Trabajo (PT).
El caso Next Energy ha generado atención pública debido a la magnitud de los recursos comprometidos y la naturaleza del contrato firmado para una infraestructura que no se materializó. La vinculación a proceso marca un nuevo capítulo legal para Bonilla Valdez, cuyas declaraciones contrastan con las acusaciones de la autoridad investigadora sobre la ejecución de fondos públicos durante su sexenio.
Con el plazo de investigación complementaria abierto por medio año, las próximas etapas del proceso definirán la presentación de evidencias y la posible profundización de las responsabilidades administrativas y penales. La situación jurídica del exgobernador queda supeditada a los resultados de las diligencias que la Fiscalía deberá completar en los próximos meses.
