Tijuana, 24 de marzo de 2026.- A 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizó actos conmemorativos en Tijuana, mientras persiste la incertidumbre jurídica sobre Mario Aburto Martínez, quien cumple 32 años de reclusión por el homicidio del excandidato presidencial.
La situación legal de Aburto se encuentra en un punto crítico tras un amparo concedido en 2023 por un tribunal federal, el cual anuló la sentencia original de 45 años de prisión al determinar que debió aplicarse el Código Penal de Baja California, cuya pena máxima es de 30 años. Bajo este nuevo criterio, el sentenciado habría completado su condena en 2024, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, impugnó el fallo y llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se encuentra pendiente de resolución.
Jesús González Schmal, abogado defensor de Mario Aburto, ha mantenido la postura de que su cliente fue torturado para obtener una confesión y ha señalado que, de no confirmarse la liberación tras la resolución judicial, acudirán a instancias internacionales. Por su parte, la FGR mantiene la acusación contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Cisen, como presunto autor del segundo disparo, teoría que contrasta con pruebas periciales y grabaciones que indican que ambos proyectiles fueron disparados por Aburto con el mismo revólver.
Durante las conmemoraciones, militantes priistas de Baja California, entre ellos Eva Baeza, Bernardo Saldaña Téllez, Miguel Valadez, Édgar Moreno y Luis López Moctezuma, participaron en los homenajes. Bernardo Saldaña Téllez, presidente de la Fundación Colosio, junto con otros actores políticos, evocaron la figura del político sonorense, cuyas propuestas de reforma electoral y crítica a la concentración del poder siguen siendo objeto de debate y manipulación política décadas después de su muerte.
El expediente del caso Colosio suma más de 68 mil fojas y ha visto pasar a seis presidentes y seis fiscales especiales desde 1994. A pesar de las múltiples líneas de investigación y la condena de Aburto, la sociedad mexicana mantiene la percepción de una justicia inconclusa, alimentada por las anomalías procesales y las teorías sobre la existencia de un segundo tirador o autores intelectuales en las esferas del poder.
La espera por la definición de la SCJN mantiene a Aburto en el penal federal de Morelos, mientras el aniversario luctuoso reaviva la discusión sobre el impacto del magnicidio en la estabilidad política y el surgimiento de la violencia criminal en México, marcando tres décadas y dos años de un proceso judicial que aún no logra cerrar la herida abierta en la justicia mexicana.
