Veracruz, 25 de marzo de 2026.- Las versiones sobre la magnitud del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México divergen entre autoridades estatales y organizaciones civiles, mientras se confirma la afectación de al menos 51 sitios costeros y la muerte de 12 especies marinas. El primer reporte del incidente data de principios de marzo, pero la controversia se centra en la extensión real del daño, estimado en 630 kilómetros de litoral por grupos ecologistas, frente a la postura de la gobernadora Rocío Nahle, quien asegura que las playas están limpias.

La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, junto con Greenpeace y Oceana, sostienen que la cobertura de atención es desigual y que el arribo de petróleo continúa, contradiciendo el informe de Petróleos Mexicanos del 19 de marzo que indicaba un avance del 85% en las labores de limpieza. Los reportes comunitarios detallan que 42 de los sitios afectados se encuentran en Veracruz y nueve en Tabasco, con presencia de manchas de hidrocarburos que han motivado a Tamaulipas a intensificar su vigilancia costera.

El impacto ecológico ha dejado un saldo de al menos siete tortugas marinas, dos delfines, dos manatíes y un pelícano muertos, según los registros de las organizaciones involucradas. Ante la gravedad reportada, legisladores de Movimiento Ciudadano, entre ellos la diputada Laura Ballesteros y el diputado Sergio Gil, exigen la activación inmediata del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y la instalación de una mesa de crisis interinstitucional.

La contradicción en los discursos oficiales es evidente: mientras la gobernadora de Veracruz describe el evento como “gotas” y afirma que las playas están limpias, pescadores de Pajapan y activistas como Obet Hernández denuncian la suspensión de actividades pesqueras y turísticas que afecta directamente a sus comunidades. La procuradora estatal del Medio Ambiente, Ángel Carrizales López, y la titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Andrea González Hernández, son parte de los involucrados en la gestión de la crisis.

La presidenta Claudia Sheinbaum figura entre las autoridades federales monitoreando la situación, en un contexto donde la discrepancia de datos complica la coordinación de respuestas. La sociedad civil y los sectores productivos costeros aguardan una definición clara sobre las acciones de remediación, dado que la continuidad del arribo de petróleo reportada por la Red Corredor Arrecifal sugiere que el incidente podría no estar bajo control total.