Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Vivienda con 354 votos a favor y 95 en contra, marcando un avance legislativo en materia de derechos habitacionales. Simultáneamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo público el destino de recursos para fomentar la ciencia y la justicia, aunque sus cifras revelan discrepancias entre los donativos cancelados por falta de presupuesto y los fondos destinados a eventos sindicales.

La modificación a la normativa de vivienda fue impulsada en el marco del proyecto Viviendas del Bienestar, el cual contempla la construcción de 2,490 casas en San Pedro. Esta iniciativa busca atender el déficit habitacional en un contexto donde más del 55% de la población ocupada en México labora en el sector informal, lo que limita su acceso a créditos tradicionales.

En el ámbito judicial, el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, informó que el tribunal donó 7 millones de pesos a la UNAM y 3.4 millones a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia durante 2024. En los últimos años, la Corte ha destinado un total acumulado de 32.5 millones de pesos para apoyar instituciones educativas y de impartición de justicia.

Sin embargo, datos financieros expuestos muestran una contradicción en la gestión presupuestal del poder judicial. Mientras que en 2025 se cancelaron los donativos para becas de la UNAM y la asociación de impartidores debido a la falta de recursos, ese mismo año se autorizó el gasto de 1.5 millones de pesos para eventos del Sindicato del Poder Judicial. Entre 2021 y 2024, la partida para actividades sindicales sumó 10.2 millones de pesos.

La agenda de justicia con perspectiva de género también registró movimientos en distintos niveles de gobierno. En Quintana Roo, 62 de los 117 cargos judiciales son ocupados actualmente por mujeres. No obstante, Hugo Aguilar Ortiz señaló que, a pesar de las reformas legales y los convenios firmados, aún no se ha alcanzado una equidad real entre hombres y mujeres en el país.

En otras acciones relacionadas con el cluster, la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlali Hernández Mora, mantiene actividades en coordinación con el Congreso de la Ciudad de México. A nivel local, la Alcaldía La Magdalena Contreras, bajo la administración de Fernando Mercado Guaida, y la diputada Diana Sánchez Barrios participan en discusiones sobre desarrollo urbano y social. Por su parte, organismos como la Iglesia católica mexicana y la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dirigida por Tereso Medina, siguen involucrados en el debate público sobre estas materias.

La dinámica legislativa y judicial refleja una tensión entre la asignación de recursos para fines sociales y los gastos operativos o sindicales. Mientras se consolidan proyectos de vivienda y se promueve la ciencia, las críticas por la priorización de fondos internos en la SCJN ponen bajo escrutinio la transparencia del gasto público en el máximo tribunal.

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