Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 25 de marzo la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone un techo a las jubilaciones y pensiones de ex trabajadores de confianza de organismos y empresas públicas. La modificación, impulsada por el Ejecutivo federal, incluye aplicación retroactiva y fue validada en medio de protestas de grupos de jubilados en los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro.
De acuerdo con lo establecido en el dictamen aprobado, el monto máximo de las pensiones no podrá superar la mitad de la remuneración mensual de la persona titular del Ejecutivo federal. Con base en los ingresos reportados de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el tope se situaría aproximadamente en 70,000 pesos. La reforma afecta directamente a beneficiarios de entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro.
El proceso legislativo estuvo marcado por la tensión en el recinto. Mientras la bancada oficialista y aliados avanzaban con la votación, representantes de jubilados de empresas públicas intentaron ingresar por la fuerza a las instalaciones del Congreso para exigir la suspensión de la iniciativa. En el pleno, aunque existieron posturas críticas, la coordinadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, anunció que su fractión votarían a favor pese a sus reservas. Moreira señaló que están en contra de las pensiones doradas, pero advirtió que la estrategia de Morena no es eficaz para eliminarlas y alertó sobre omisiones en el dictamen.
Por su parte, la diputada Margarita Zavala cuestionó la validez jurídica de la reforma, argumentando que viola el derecho humano a la no retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. Zavala sostuvo que los legisladores emitieron su voto basándose en información imprecisa o falsa respecto a las implicaciones legales del cambio normativo. El texto aprobado excluye explícitamente de este tope a las Fuerzas Armadas, así como a las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las constituidas con aportaciones sindicales y las pensiones no contributivas.
Existen discrepancias en las cifras oficiales de la votación reportadas por distintos medios. Mientras algunas fuentes indican una aprobación casi unánime con 458 votos a favor en lo general, otros registros detallan un resultado de 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones. Además de la limitante económica, el decreto incorpora lenguaje inclusivo en su redacción. La reforma ahora deberá seguir el proceso legislativo correspondiente para su promulgación y entrada en vigor, generando incertidumbre entre los actuales perceptores de pensiones altas sobre el impacto inmediato en sus haberes.
