Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que establece un tope a las pensiones del personal de confianza en el sector público, fijando el límite máximo en la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal. La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, obtuvo 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones en la cámara alta, tras haber sido avalada previamente por la Cámara de Diputados con 458 votos a favor.

Con esta modificación al artículo 127 de la Constitución, se busca que ningún servidor público de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos públicos perciba una pensión superior a aproximadamente 70,000 pesos mensuales. La medida fue defendida por legisladores de Morena como una corrección a privilegios excesivos, aunque generó movilizaciones de grupos de jubilados en accesos del Palacio Legislativo y en el Congreso de Baja California.

Victoria Bentley, lideresa de Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, expresó su preocupación por los efectos de la norma, advirtiendo sobre el riesgo de que la aplicación sea retroactiva, lo cual afectaría a quienes ya están disfrutando de estos beneficios. Las protestas reflejan el temor de los afectados a que se recorten prestaciones ya adquiridas, un punto que ha marcado la controversia en torno a la aprobación legislativa.

Pese a las críticas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que votaría a favor de la reforma. Rubén Moreira, coordinador de la bancada tricolor, señaló su inconformidad por ciertas omisiones en el texto y los posibles riesgos de retroactividad, pero confirmó el respaldo de su partido a la iniciativa oficialista. Esta postura permitió que la votación en ambas cámaras se resolviera sin votos en contra.

La reforma contempla excepciones para las Fuerzas Armadas y aclara que no aplica a las aportaciones voluntarias ni a los sistemas complementarios de ahorro. Ahora, el proceso sigue su curso para su publicación y entrada en vigor, mientras persiste el debate sobre los detalles de implementación y el alcance temporal de las nuevas reglas para los exfuncionarios de alto nivel.