Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 127 de la Constitución que limita el monto de las pensiones para extrabajadores de confianza de organismos descentralizados como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la extinta Luz y Fuerza del Centro. La medida, impulsada desde el Ejecutivo federal, tiene como objetivo eliminar los esquemas de jubilaciones millonarias que superan el millón 107 mil pesos, estableciendo un nuevo techo basado en la remuneración de la titular del Ejecutivo.

Durante la sesión legislativa celebrada el pasado 25 de marzo, se registraron posiciones contradictorias entre los grupos parlamentarios respecto a la aplicación de la norma. Mientras algunos legisladores justificaron la reforma como un mecanismo necesario para erradicar privilegios corruptos y corregir desigualdades históricas, otros advirtieron sobre las afectaciones injustas que podría sufrir personal con alta especialización y años de servicio al Estado.

En el debate, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, defendió la iniciativa argumentando que las pensiones doradas representan un esquema de corrupción que debe ser sanado. Por su parte, el diputado Fernando Torres Graciano expresó su preocupación señalando que la medida podría vulnerar derechos de trabajadores que cumplieron con sus obligaciones laborales bajo marcos jurídicos diferentes al actual. Asimismo, el diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que participó en la discusión planteando reservas sobre los alcances de la modificación.

El contexto de la aprobación estuvo marcado por la tensión fuera del recinto legislativo. Grupos de pensionados de Pemex y CFE intentaron realizar protestas y un “portazo” en las instalaciones de San Lázaro para exigir que se diera marcha atrás a la iniciativa. Los manifestantes rechazan la posibilidad de que la reforma tenga carácter retroactivo, lo cual implicaría una reducción drástica en sus ingresos mensuales ya establecidos.

La reforma aprobada en lo general ahora deberá ser discutida en lo particular y, posteriormente, enviada a los congresos locales para su validación. El ajuste normativo busca que ninguna pensión de exfuncionarios de confianza rebase el 50 por ciento del salario neto que percibe la Presidenta de la República, lo que representaría un recorte significativo para quienes actualmente perciben más de un millón de pesos mensuales.

Con esta decisión, la Cámara de Diputados da continuidad al proceso de austeridad republicana planteado por el gobierno federal, aunque persisten las dudas sobre la viabilidad jurídica de aplicar estos topes a pensiones ya otorgadas y los posibles amparos que podrían interponer los afectados ante la justicia federal.