Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, excluyendo la propuesta original de adelantar la consulta de revocación de mandato a las elecciones intermedias de 2027. La modificación constitucional se centró finalmente en los artículos 115, 116 y 134, enfocándose en medidas de austeridad presupuestal para congresos locales, ayuntamientos y remuneraciones de funcionarios electorales.
Tras la votación, diversos actores políticos emitieron sus posturas sobre el resultado legislativo. Morena calificó la aprobación como un triunfo del pueblo de México, asegurando que la transformación llega a lo local con menos privilegios y más rendición de cuentas. Por su parte, Michel González, secretaria general del PAN, declaró que México ganó al eliminar el intento de convertir la revocación de mandato en una herramienta al servicio del poder, mientras que el PRI celebró la modificación al dictamen.
Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que aunque la exclusión del proceso de revocación de mandato es un punto positivo, persiste una tremenda complejidad operativa para los comicios del año entrante. El funcionario explicó que el organismo enfrentará retos logísticos significativos debido a la coincidencia de múltiples procesos electorales en la misma fecha, lo que obligará a instalar casillas diferenciadas y duplicar personal en diversas entidades.
En el debate previo a la aprobación, se discutió la eliminación del llamado ‘bono electoral’. El INE argumentó mediante un documento enviado al Senado que suprimir este concepto podría resultar más costoso para las arcas públicas debido al pago de horas extras. Según datos expuestos, el instituto pagó 2,419 millones de pesos por este concepto en los tres últimos procesos comiciales: 449.2 millones en 2022, 964.9 millones en 2024 y 1,005 millones en 2025.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la parte que más le interesaba de la reforma era la contención del gasto en Congresos locales y ayuntamientos, así como la reducción de regidores. No obstante, lamentó que no se hubiera aprobado adelantar la revocación de mandato, cuestionando los argumentos de la oposición que temían una afectación a la equidad de la contienda si ambos procesos coincidieran.
Con esta resolución, la minuta fue remitida a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo. La aprobación del ‘Plan B’ marca el cierre de esta etapa de la iniciativa presidencial, consolidando los ajustes en materia de austeridad pero dejando fuera la modificación al artículo 35 constitucional que permitía la promoción del proceso de revocación por parte del ejecutivo federal durante el año electoral.
