Ciudad Juárez, 28 de marzo de 2026.- Organizaciones defensoras de derechos humanos realizaron una vigilia en la estancia del Instituto Nacional de Migración en el puente internacional Santa Fe de esta ciudad, donde denunciaron que a tres años del incendio ocurrido en este sitio, que dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados, todavía no llegan la verdad ni la reparación integral del daño.

Derechos Humanos Integrales en Acción, Hope Border Institute, Servicio Jesuita a Refugiados, Casa del Migrante de la Diócesis de Juárez, Fundación para la Justicia e Instituto para las Mujeres en la Migración señalaron la falta de justicia efectiva para las 82 víctimas, conformadas por 40 personas fallecidas, 27 hombres y 15 mujeres sobrevivientes.

Las organizaciones acusaron que el Estado se niega a dar el reconocimiento legal como víctimas a las mujeres sobrevivientes, por lo que no han podido acceder a una reparación integral del daño. Asimismo, denunciaron que los responsables de más alto rango se encuentran en procesos penales que les favorecen a través de una justicia desigual.

Mencionaron el caso del ex comisionado del INM, Francisco Garduño, quien continúa acusado por ejercicio ilícito del servicio público. Las organizaciones indicaron que además de mantener procesos que les benefician, algunos funcionarios son condecorados con otro cargo público.

En un conversatorio realizado en la Ciudad de México, Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración y Derechos Humanos Integrales en Acción señalaron que aún hay deficiencias en la reparación del daño. Hasta la fecha, sólo hay cuatro personas en prisión y siete siguen su proceso en libertad.

Lorena Cano, del Instituto para las Mujeres en la Migración, expuso que actualmente no todos los que vivieron esta tragedia han recibido una reparación o compensación económica, entre ellas 15 mujeres que no han sido reconocidas como víctimas bajo el argumento de que no sufrieron lesiones. Los procesos penales continúan sin sentencias firmes contra funcionarios del INM, personal de seguridad privada y otras personas involucradas.