Adelanto, 30 de marzo de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México exigió una investigación al centro de procesamiento migratorio de Adelanto, en California, tras el fallecimiento de un connacional ocurrido la noche del 25 de marzo mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El consulado de México en San Bernardino fue notificado por autoridades migratorias de que el connacional fue trasladado a un hospital en Victorville, donde falleció; hasta el momento, la causa de muerte no ha sido determinada oficialmente.
Con este caso, hasta la fecha 14 mexicanos han perdido la vida bajo custodia del ICE o en operaciones migratorias en lo que va del segundo mandato de Donald Trump.
La SRE reiteró el llamado a las autoridades responsables para que estos casos no continúen y demandó una revisión inmediata del centro de Adelanto, al señalar graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia.
En otro tema relacionado, un análisis de datos federales revisado por ProPublica revela que, en los primeros siete meses del segundo mandato de Donald Trump, al menos 11 mil menores nacidos en el país vieron cómo uno de sus progenitores era arrestado y retenido por autoridades migratorias. La cifra equivale a más de 50 niños al día.
Por otra parte, el juez federal William G. Young señaló en una resolución esta semana que el Departamento de Seguridad Nacional le indicó que, en base a un acuerdo no escrito en el último año, deportó a 6.000 cubanos a México. La mayoría de este 2026, según indican desde el Ayuntamiento de Tapachula, han llegado a esta ciudad y también a Villahermosa.
Además, el Departamento de Justicia de Donald Trump ha reconocido ante un juez que utilizó un argumento incorrecto para defender los arrestos de inmigrantes en tribunales. La admisión, presentada el pasado martes en una corte federal de Nueva York, es un golpe directo a la defensa legal de la Administración republicana en un caso que examina la detención de personas que acudían a audiencias obligatorias como parte de sus procesos migratorios.
