Los Ángeles, 31 de marzo de 2026.- El Gobierno de México inició una ofensiva legal y diplomática para exigir explicaciones a Estados Unidos sobre las condiciones en los centros de detención migratoria, tras confirmarse la muerte de un connacional el pasado 25 de marzo. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, desde el segundo mandato de Donald Trump, se han registrado 14 muertes de mexicanos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración agotará todas las vías legales y diplomáticas para exhibir lo que considera una crisis de derechos humanos. Entre las acciones destacadas, México se sumará como amicus curiae en la demanda colectiva L.T. Mesrobian, presentada por la organización Public Counsel en Los Ángeles contra el centro de detención de Adelanto, California. Esta figura jurídica permitirá al país aportar argumentos sobre condiciones que considera violatorias, como atención médica deficiente, aislamiento punitivo y falta de servicios básicos.
Además, el Ejecutivo federal llevará por primera vez esta situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Se presentará una audiencia temática en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre personas fallecidas en centros de detención, de la demanda, vamos a dar todos los datos”, declaró Sheinbaum. La estrategia incluye el envío de cartas de protesta a legisladores federales de Estados Unidos, al fiscal de California, Rob Bonta, y al gobernador Gavin Newsom, exigiendo investigaciones exhaustivas.
Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular, calificó como “inaceptable” la tendencia de fallecimientos, de los cuales cuatro ocurrieron específicamente en el centro de Adelanto, gestionado por la empresa privada GEO Group, aunque la responsabilidad jurídica recae en el ICE. En este recinto, ubicado en una zona rural que complica la ayuda consular, se ha reportado un nulo flujo de información sobre la situación de los detenidos, el 50% de los cuales son connacionales con más de 10 años de residencia en Estados Unidos.
El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, abordará el tema este martes con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson. “Hoy el subsecretario para América del Norte abordará el tema con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson”, confirmó la mandataria. Mientras tanto, funcionarios mexicanos sostendrán reuniones en Los Ángeles con familiares de las víctimas y organizaciones como la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes para detonar apoyo comunitario.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. rechazó las acusaciones, afirmando que los estándares son adecuados y sosteniendo que se brindó atención médica y maniobras de reanimación en los casos recientes. No obstante, reportes indican que el sistema está bajo presión con 70,000 detenidos a principios de 2026. En un fallo relacionado en Florida, una jueza federal ordenó garantizar el acceso a abogados en el centro Alligator Alcatraz tras evidenciarse obstáculos para la defensa legal, incluyendo llamadas que se caían o eran grabadas.
