Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU, calificándolo de ‘tendencioso y falto de rigor jurídico’. La administración federal señaló que el documento omite los avances contra esa problemática que se trabajan desde 2018.

En respuesta a las acusaciones, el gobierno mexicano refutó que exista complicidad estatal y aseguró: ‘El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas’. Las autoridades destacaron que el informe del CDF abarca principalmente desapariciones ocurridas entre 2009 y 2017, periodo correspondiente a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que se circunscribe a cuatro entidades: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco.

Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED-ONU) anunció que solicitará remitir urgentemente el caso de México a la Asamblea General. La decisión del organismo se basa en información que, según sus palabras, ‘parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad’.

No obstante, el CED subrayó que ‘no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas’. El gobierno mexicano aprovechó este punto para sostener que, en los párrafos 117 y 118 del propio informe, el CDF reconoce que ‘no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión’.

A pesar de lo anterior, el comité advirtió que en algunos casos recibió ‘información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia’. Mientras el gobierno presentó su más reciente informe registrando 130,178 personas desaparecidas en México desde 2006, la postura del organismo internacional mantiene la alerta sobre la gravedad de los hechos denunciados.