Ciudad De México, 05 de abril de 2026.- La alcaldía Miguel Hidalgo presentó una denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos en contra del exalcalde Víctor Hugo Romo y su exdirector jurídico. La querella se basa en presuntos actos de corrupción, abuso de funciones y la autorización de la demolición de una obra ubicada en Moliere 88 sin los permisos correspondientes.
De acuerdo con la denuncia, el predio afectado se encontraba bajo el Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Reconstrucción del sismo de 2017. Aunque en 2019 la Comisión para la Reconstrucción notificó a Romo sobre los documentos necesarios para realizar obras en el inmueble, en 2020 se emitió una orden de visita que fue omitida. Al vencerse el plazo legal sin sancionar al desarrollador por la demolición ilegal, se configuraron los hechos que ahora son investigados. El Código Penal de la Miguel Hidalgo establece que las sanciones por ejercicio abusivo de funciones oscilan entre 5 y 20 años de prisión; Romo ejerció el cargo de 2018 a 2021.
En otro frente judicial, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, compareció este martes ante un juez de control. Durante la audiencia, la Fiscalía lo imputó como presunto responsable del delito de desaparición forzada de personas. La defensa del exfuncionario, quien se desempeñó en el cargo entre 2019 y 2021, solicitó la ampliación del término constitucional para resolver su situación jurídica.
El juzgador tendrá hasta el próximo 4 de abril para decidir si vincula a proceso a Bermúdez Requena. Por el momento, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el exfuncionario permanecerá recluido en el Penal Federal Número 1, conocido como el Altiplano. Con esta orden de aprehensión, suman 19 relacionadas con el caso, de las cuales 10 personas ya han sido vinculadas a proceso.
Bermúdez Requena, señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, fue detenido en Paraguay, trasladado a México y vinculado a proceso en septiembre de 2025. Anteriormente promovió un amparo para evitar una posible extradición a Estados Unidos, demanda que fue desechada por un juez federal al considerarla improcedente. No obstante, el fiscal estatal de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, señaló hace unos días que “no se tiene conocimiento” de una solicitud formal de extradición.
Respecto a otros procesos penales que enfrenta el exfuncionario por delitos del fuero común y federal, el pasado 24 de marzo venció la prórroga de tres meses para concluir la investigación complementaria por los cargos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión agravada. A partir de esa fecha, la Fiscalía de Tabasco dispone de un plazo de 15 días hábiles para presentar la acusación formal ante el juez de control Ramón Adolfo Brown Ruiz.