Ciudad De México, 10 de abril de 2026.- El rapero estadounidense Sean Combs, conocido como Diddy, invocó la libertad de expresión para apelar su condena, mientras que en Barcelona, el delegado del primer equipo del Fútbol Club Barcelona, Carles Naval, declaró como testigo en el caso Negreira, donde se investigan pagos millonarios al exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral.
Combs cumple una sentencia de más de cuatro años de prisión tras ser condenado en 2025 por dos delitos de transporte para ejercer la prostitución bajo la Ley Mann. Sus abogados presentaron argumentos ante un tribunal de apelaciones en Nueva York para intentar liberarlo, asegurando que el objetivo de sus fiestas ‘freak-off’ era grabar pornografía amateur.
La defensa de Diddy argumentó que las fiestas “eran actuaciones sexuales altamente coreografiadas que implicaban el uso de disfraces, juego de roles y luces escénicas, que eran grabadas para que Combs y sus novias pudieran ver después esta pornografía amateur”. Los abogados explicaron que “la producción pornográfica y su visionado está protegida por la Primera Enmienda y por tanto no puede perseguirse constitucionalmente”.
Por su parte, los fiscales se opusieron a la apelación señalando que el rapero “contrató y transportó trabajadores sexuales”. Los representantes del ministerio público advirtieron que, si se le diera la razón, “cualquier acusado que transportó a otros para cometer prostitución podría esquivar responsabilidad simplemente mirando o grabando sexo”. Los abogados de Diddy denunciaron que la sentencia de 50 meses ha sido la más alta recibida por un acusado bajo la Ley Mann en circunstancias parecidas.
El panel de tres jueces que presidió la sesión no se inclinó por ninguna parte y uno de ellos dijo estar “perdido” durante los argumentos de la defensa. No hay un plazo claro para que el tribunal se pronuncie al respecto.
En otro frente legal, Carles Naval aseguró ante el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona que él recibía los informes sobre árbitros por correo electrónico y una vez confirmado su contenido validaba su existencia para que fueran pagados. En el caso Negreira se investiga el pago de más de 7 millones de euros durante años a José María Enríquez Negreira.
Naval explicó que los informes servían para describir las características de cada árbitro y poner en manos de los técnicos azulgranas información para gestionar cuestiones propias de cada partido. Dijo que él ponía a disposición de los técnicos los documentos y eran ellos quienes decidían si los utilizaban o no. Según fuentes jurídicas, Naval explicó que los informes eran poco utilizados.
El tesorero del club, Alfons Castro, acudió ante el juez en representación del Fútbol Club Barcelona y subrayó que la entidad siempre actuó de forma correcta, atendiendo a la legalidad y a su evolución. Naval negó conocer quién firmaba los informes, si José María Enríquez Negreira o su hijo, Javier Enríquez. En declaraciones anteriores, dos exentrenadores del Barça, Luis Enrique y Ernesto Valverde, dijeron desconocer la existencia de esos informes.
