Tecámac, 16 de abril de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una investigación de oficio por presuntos actos de maltrato animal en agravio de caninos en el municipio de Tecámac. La acción legal se activó tras la difusión de material en redes sociales y medios de comunicación sobre estos hechos, con el objetivo de “determinar las responsabilidades a las que haya lugar”, indicó el ministerio público.

Los hechos podrían encuadrar en los delitos previstos en el artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México, que sanciona causar la muerte a animales que no constituyan plaga. Asimismo, el artículo 235 Ter establece agravantes cuando el maltrato es cometido por servidores públicos responsables del manejo de animales. De acreditarse estas conductas, los responsables podrían enfrentar penas de hasta seis años de prisión.

La senadora Mariela Gutiérrez confirmó que durante su administración como alcaldesa de Tecámac, entre 2019 y 2023, se ordenó la muerte de 10,000 perros en situación de calle. En conferencia de prensa ofrecida el 15 de abril de 2026, Gutiérrez Escalante precisó: “Fueron 10 mil”. La funcionaria sostuvo que las acciones se realizaron “conforme a las normas oficiales mexicanas y porque ya habían sido violentadas diversas personas”.

Al defender su gestión, la senadora afirmó que se trataba de animales en “deplorables condiciones” de salud. “Habían mordido, habían violentado a la gente. Tengo fotografías que me enviaba la propia ciudadanía”, declaró Gutiérrez, quien agregó que su comunicación con los habitantes de Tecámac “siempre fue muy abierta, siempre fue muy derecha”. La política calificó la situación como una “crisis real” y aseveró que “gobernar es tomar decisiones difíciles cuando no hay soluciones perfectas”.

Gutiérrez detalló que durante sus dos administraciones al frente del municipio se atendió a más de 80 mil animales, realizándose más de 50 mil esterilizaciones, además de adopciones y recuperaciones. Respecto a los sacrificios, indicó que quedaron documentados en expedientes del Centro de Bienestar Animal de Tecámac y aseguró que “cada acción que se tomó fue bajo un principio claro, reducir el sufrimiento, proteger a la población animal y actuar conforme a la ley y sobre todo protección a la ciudadanía en general”.

El detonante de la controversia fue un video grabado en octubre de 2025, en el que funcionarios de la Propaem y de la Cepanaf cuestionaron a la entonces alcaldesa sobre por qué su administración privó de la vida a esos animales. Ante esto, Gutiérrez Escalante señaló que “es un problema nacional, no es un problema privativo de Tecámac”.