Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió sobre nuevos ataques a la independencia judicial y señaló que la concentración del poder representa el riesgo principal para los derechos humanos. En un comunicado, el organismo afirmó que “cualquier reforma que someta la justicia a criterios políticos o electorales vulnera los estándares internacionales de protección de derechos humanos”.
La Jufed enfatizó que defender la independencia judicial es proteger la libertad ciudadana frente a la concentración autoritaria. “Quienes integramos el Poder Judicial de la Federación, tanto en activo como en retiro y que no formamos parte de la simulación de una elección, no respondemos a intereses facciosos”, indicaron los jueces, quienes agregaron que el Juicio de Amparo es “el último baluarte que tiene el ciudadano para defenderse de la arbitrariedad estatal”.
En este contexto, durante la discusión en lo particular de la reforma judicial en San Lázaro, quedó rechazada la propuesta de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Su reserva planteaba que los comités de evaluación se integraran por personas con práctica profesional mínima de 10 años y reconocida trayectoria, con dos representantes de cada poder. Además, propuso que los Órganos de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina se renovaran paulatinamente, sugiriendo que la Presidencia de estos órganos fuera votada por sus pares cada dos años.
Sánchez Cordero también presentó una iniciativa para modificar los artículos 95 y 97, estableciendo que para ser ministro de la Corte se requiera únicamente la ciudadanía mexicana y no la nacionalidad por nacimiento. Asimismo, consideró esencial garantizar el respeto total a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial y propuso que los juzgadores pudieran declinar su candidatura hasta 30 días después de publicada la convocatoria.
Por otro lado, un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE) considera viable realizar votaciones en reclusorios para la elección de juzgadores en 2027, pronunciándose algunas consejeras por el uso de la urna electrónica. Sin embargo, la consejera Norma de la Cruz advirtió que no existen garantías para ofrecer un sufragio informado a las personas en prisión preventiva. “Si a la gente que está afuera no tuvimos suficiente tiempo para hacerle llegar la información, ¿cómo lo vamos a hacer para esta población?”, cuestionó.
Cabe recordar que tras la aprobación de la reforma judicial en 2024, algunos jueces, magistrados y trabajadores administrativos tramitaron más de mil recursos contra la enmienda, la cual fue determinada como vigente y legal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de ese mismo año. Previo a esto, en los últimos dos sexenios, diversos tribunales desecharon cientos de amparos promovidos para frenar obras de infraestructura como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
