Por Redacción
Ensenada, 20 de julio de 2026.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ingresó este lunes a las 14:15 horas al penal de máxima seguridad del Altiplano, junto con otros cuatro imputados, tras ser detenido el jueves 16 de julio en Ensenada. La medida fue decretada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien dictó prisión preventiva contra Ruffo Appel y coacusados por su posible participación en delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica el próximo martes 21 de julio. La audiencia inicial, que comenzó la noche del 17 de julio a las 22:00 horas por videoconferencia ante el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, tuvo una duración reportada de más de 30 horas, aunque otras fuentes indican que se extendió hasta 40 horas.
La orden de aprehensión fue concedida el 13 de julio por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, tras haber sido negada previamente el 22 de junio por el juez Mario Elizondo Martínez. La magistrada libró órdenes contra 25 imputados, señalando a Ruffo Appel como líder de la organización. “Se concluye que la participación de Ernesto Ruffo Appel… no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”, estableció la jueza en su resolución.
La investigación tuvo origen en el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo realizado en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. La FGR identificó la participación de 70 personas, incluyendo representantes aduanales y servidores públicos. La fiscal Ernestina Godoy afirmó que se desmanteló “la red de huachicol más grande de México”, mientras que la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, había informado en octubre de 2025 sobre un daño al erario por contrabando de combustible de 600,000 millones de pesos a nivel general. En este caso específico, Godoy indicó una afectación superior a los 4,000 millones de pesos, cifra que otras fuentes precisan en 4,456 millones.
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó motivaciones políticas en la detención. “Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año”, afirmó, añadiendo que el caso no tiene relación con audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que tras estas ocho detenciones aún faltan más aprehensiones por cumplimentar.
Reacciones políticas y familiares no se hicieron esperar. Verónica Ruffo, hija del exmandatario, denunció un “trato indigno y humillante” por parte de la FGR y exigió un juicio justo: “Exigimos, que se cumpla para él, como para cualquier mexicano, la presunción de inocencia, el debido proceso y un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”. El PAN emitió un comunicado señalando que “nadie debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que la Constitución reconoce”.
Roberto Gil Zuarth, exsecretario de Gobernación, criticó que la audiencia inicial se desarrollara a puerta cerrada. “La audiencia inicial de Ernesto Ruffo se ha desarrollado a puerta cerrada. Sin prensa, sin público, sin familiares”, dijo, exigencia respaldada por su cita al artículo 20 constitucional. Además, Coparmex en Tijuana, Mexicali y Ensenada consideró que el caso representa una aplicación “discrecional” de la ley para crear “cortinas de humo”. Mientras tanto, otros imputados como José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, y Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó presa en el Cereso Nezahualcóyotl Sur.
