Por Redacción
Ciudad de Mexico, 04 de agosto de 2026.- La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa Alcalde, respondió desde la mañanera de este 4 de agosto de 2026 a las críticas vertidas por los periodistas Adela Micha, Manuel López San Martín y Luis Cárdenas en torno al derecho de las audiencias. Alcalde señaló que el Estado en ningún momento busca censurar o sancionar los contenidos de los medios.
Respecto a las acusaciones de que el gobierno pretende definir la veracidad de la información, la funcionaria fue enfática: “Los lineamientos no hablan en ningún caso de que se sancionen contenidos, que el Estado sea quien determine qué es verdad, qué no es verdad. No es el caso”. Asimismo, reiteró que corresponde a los propios medios de comunicación verificar la veracidad de la información que comparten y emitir códigos de ética para garantizarlo.
Alcalde calificó como “una narrativa muy alejada de la realidad” la idea de que se pretenda callar voces o limitar opiniones. “Inició esta campaña primero pretendiendo establecer esta falsa narrativa de que se trataba de lineamientos que lo que buscaban era censurar y también una narrativa muy alejada de la realidad que establece que lo que se pretende es que sea el estado que determine como última palabra qué es verdad… pueda callar voces y limitar opiniones”, dijo.
Previamente, la periodista Adela Micha había calificado como “ridícula” la regulación. “¿Te imaginas poner cortinillas cada 10 segundos para distinguir una opinión de info? Así de ridícula es la nueva regulación”, afirmó Micha.
Por su parte, el periodista Manuel López San Martín aseguró que “el estado se otorga la potestad de determinar qué es verdad y qué no”. Tras la respuesta de Alcalde, López San Martín reiteró su crítica señalando que “el gobierno busca censurar… no les gusta que se les investigue, se les cuestione y se les exhiba”.
En cuanto a las declaraciones de Luis Cárdenas, quien mencionó que “si digo algo y no gusta el fraseo, el gobierno te va a censurar”, la consejera jurídica de la Presidencia rechazó dicha afirmación, manteniendo que los lineamientos no facultan al Estado para intervenir en los contenidos.
