Por Redacción
Almoloya De Juárez, 12 de agosto de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas. La decisión se tomó bajo la hipótesis de que, en su calidad de servidor público, ocultó información relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La autoridad judicial reiteró la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el exmandatario, quien permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México. La Fiscalía General de la República (FGR) informó la madrugada de este miércoles que se concedió un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
Aguirre Rivero fue detenido el pasado 6 de agosto en Tepotzotlán, Estado de México, como parte de las nuevas diligencias realizadas por la Fiscalía en torno a la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. La acusación de la FGR está relacionada con el presunto ocultamiento de información y la posible destrucción de grabaciones de las cámaras de seguridad que registraron parte de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
Según la investigación, las imágenes fueron captadas por dispositivos del sistema de videovigilancia instalado en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala y habrían registrado el momento en que policías municipales y estatales detuvieron uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas, específicamente la unidad 1531 de Estrella de Oro. La Fiscalía realizó un nuevo análisis de las acusaciones existentes y llevó a cabo otros actos de investigación para establecer la presunta responsabilidad del exgobernador.
Durante la audiencia, que se prolongó por más de 15 horas ante el juez de control Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, la defensa de Aguirre Rivero presentó 31 datos de prueba para intentar desacreditar la acusación, incluyendo documentos oficiales, reportes periodísticos y declaraciones de distintas personas. Comparecieron como testigos Jesús Martínez Garmelo, quien se desempeñó como secretario de Gobierno de Guerrero durante la administración de Aguirre, y Felipe Martín Ornelas Rebollo, excoordinador general de Seguridad y Transporte Aéreo del estado.
De acuerdo con versiones de medios nacionales, durante la diligencia ambos exfuncionarios declararon que Aguirre Rivero no se encontraba en Guerrero en el momento en que presuntamente recibió las grabaciones y ordenó su destrucción, sino que se encontraba en la Ciudad de México. Los dos testigos fueron interrogados por la defensa y la representación de la Fiscalía. En la diligencia también participaron 13 padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
