Por Redacción

Ciudad de Mexico, 27 de agosto de 2026.- La Red Feminista por el Acceso a la Justicia, integrada por siete organizaciones, presentó una guía titulada ‘Guía de actuación para visibilizar y atender las violencias y prácticas discriminatorias que ejercen las personas operadoras del sistema de justicia penal en México’. El documento busca atender la violencia institucional y la discriminación que sufren las mujeres privadas de la libertad.

La guía parte de un diagnóstico construido con los testimonios de seis denunciantes y seis imputadas en Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Entre los patrones comunes detectados se encuentran la revictimización, la falta de perspectiva de género, el descrédito de sus testimonios y los obstáculos para acceder a la justicia.

María Luisa Montoya García destacó que estos casos no son hechos aislados, sino el reflejo de un sistema penal que “castiga doblemente” a las mujeres. “Nos hemos dado cuenta de que la mujer es más fácilmente penalizada por el simple hecho de ser mujer”, afirmó. Montoya advirtió sobre la tortura psicológica y física en las cárceles, señalando que las internas “también pueden ser violadas, vendidas o castigadas torturándolas si ellas no se prestan” a favores sexuales.

El documento documenta además el abandono sanitario, incluyendo la falta de productos de higiene menstrual y ropa íntima. “Al no tener toallas sanitarias, terminan usando, no sé, un pedazo de trapo o lo que sea”, indicó Montoya. La iniciativa tiene como objetivo, según su autora, “visibilizar todo lo que la autoridad tendría que estar trabajando”.

Un caso citado en el diagnóstico es el de María, quien pasó 19 años en prisión preventiva acusada de secuestro antes de ser absuelta en 2024. Durante su encierro, su hijo pasó de tener cinco años a ser adulto y ella se convirtió en abuela. Al salir a los 49 años, enfrentó miedo, frustración y secuelas emocionales, además del reto de reconstruir su vida.

Datos de Prevención y Reinserción Social del Gobierno de México indican que el 49.4 por ciento de las mujeres encarceladas estaba sin sentencia hasta abril de 2025, frente al 38 por ciento de los hombres. Las mujeres representan un 5 por ciento de la población penitenciaria total, equivalente a 14 mil 28 personas privadas de libertad para esa fecha.