Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- Dieciocho congresos estatales han votado a favor de la reforma constitucional que disminuye las llamadas pensiones doradas en el sector público paraestatal. Andrea Becerril informó en La Jornada: “Todo está listo para que en la sesión del martes próximo martes, el Senado formule la declaratoria de la reforma constitucional que disminuye las llamadas pensiones doradas en el sector público paraestatal y la envíe al Diario Oficial de la Federación para que sea publicada.”

De acuerdo con La Jornada, los congresos que aprobaron la reforma son Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. La reforma fue aprobada por unanimidad en la mayoría de las legislaturas, y sólo en Baja California y Zacatecas por mayoría.

La reforma establece como tope para el pago de pensiones el 50% de los ingresos de la persona titular del poder ejecutivo federal. La nueva disposición no opera para las fuerzas armadas. La reforma establece límites a los esquemas de jubilación financiados con recursos públicos en la administración paraestatal, en sus tres niveles de gobierno, tanto para las pensiones a futuro como las otorgadas con anterioridad.

El ajuste a las pensiones millonarias actuales, con el que se espera un ahorro al erario de 5 mil millones de pesos anuales, será inmediato. Un día después de publicada la reforma, las pensiones de tres directivos de LFC que sobrepasan el millón de pesos mensuales –un millón 77 mil pesos la más alta–, seis más que van de 919 mil a 980 mil pesos y, en general, de 600 ex funcionarios de esa empresa eléctrica extinta, superiores a 300 mil pesos, quedarán en cerca de 70 mil pesos mensuales.

También se ajustarán pensiones de medio millón de pesos de ex funcionarios y ex líderes sindicales de CFE, y otras en Pemex, que sobrepasen los 70 mil pesos al mes. Se ajustará la pensión de 120 mil pesos que desde hace 32 años recibe José Angel Gurría de Nacional Financiera. El Congreso de la Unión y las legislaturas locales tendrán un plazo de 90 días para revisar y, en su caso, adecuar el marco jurídico aplicable.

Trabajadores y sindicatos advierten que la reforma podría aplicarse retroactivamente, afectando derechos adquiridos. Óscar Hernández, en Semanario ZETA, señaló: “Parece que se pretende aplicar tal reducción retroactivamente, es decir, a los trabajadores que cumplieron con los requisitos de ley y obtuvieron su jubilación y por ende el pago de sus pensiones también son sujeto de tal reducción, afectando derechos adquiridos.”

En Nayarit, integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) alertaron al Congreso de Nayarit sobre los riesgos de una aprobación exprés. El SUTSEM identificó varias inconstitucionalidades graves, entre ellas, la imposición de un doble tope y ajustes retroactivos prohibidos por el artículo 14 constitucional. “Cualquier límite adicional viola derechos ya adquiridos y constituye un acto ilegal”, indicaron.

Existen opiniones encontradas sobre el alcance de la reforma. Las contradicciones en la investigación señalan que el sector oficial y las dirigencias nacionales y estatales del SNTE afirman que no habrá afectación a los maestros, pero la base desconfía fundadamente de esas afirmaciones. Óscar Hernández comentó: “Curiosamente quedan excluidas de tal reducción las fuerzas armadas y los ministros de la SCJN, sin duda pilares en los que se han apoyado la 4-T, AMLO y ahora Claudia Sheinbaum.”