Por Redacción
Ciudad de Mexico, 19 de marzo de 2026.- Un derrumbe durante una demolición en el inmueble de San Antonio Abad 124, en la alcaldía Cuauhtémoc, causó la muerte de tres trabajadores el pasado 9 de marzo y dejó un sobreviviente, quien ahora ha iniciado acciones legales contra la empresa responsable y las autoridades capitalinas. El despacho Vega Mac Gregor Arellano, representante del afectado Ángel Miranda, anunció una demanda civil por daños y perjuicios, alegando irregularidades en la póliza de responsabilidad civil y fallas en la supervisión gubernamental.
El incidente ha destapado un conflicto de atribuciones entre el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, sobre quién tiene la responsabilidad de verificar las obras de demolición. La alcaldesa ha señalado que su administración ha cumplido con solicitar las verificaciones de seguridad, pero que el Gobierno central no ha respondido a cientos de solicitudes pendientes.
Según datos proporcionados por el Partido Acción Nacional (PAN) en la capital, desde octubre de 2025 hasta marzo de 2026 existen 456 solicitudes de inspección pendientes de respuesta por parte de las autoridades centrales. Además, se identificaron al menos 17 inmuebles más en proceso de demolición que podrían presentar riesgos similares.
Luisa Gutiérrez, dirigente del PAN en la CDMX, respaldó la gestión de la alcaldesa Rojo de la Vega y responsabilizó al Gobierno capitalino por la falta de acción. “La alcaldía ha hecho su parte al solicitar las verificaciones, pero es el Gobierno de la ciudad el que no ha actuado”, afirmó Gutiérrez, quien también cuestionó la aplicación de un ‘Acuerdo de Facilidades’ que, según su versión, limitaría la capacidad de supervisión de la alcaldía.
Mientras tanto, la investigación penal por el derrumbe está en manos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), cuyos avances aún no se han hecho públicos. Los abogados de la víctima sobreviviente argumentan que hubo negligencia tanto por parte de la empresa contratista, cuyo nombre no ha sido oficialmente revelado, como de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad en las obras.
El caso pone en evidencia las grietas en los protocolos de supervisión de demoliciones en una de las alcaldías más densamente pobladas de la capital, en un contexto donde la renovación urbana y la construcción son constantes. La demanda civil busca no solo una indemnización, sino sentar un precedente sobre la responsabilidad de las autoridades en la prevención de este tipo de tragedias.
