Por Redacción

México, 19 de marzo de 2026.- Ejidatarios de San Antonio de los Bravos, en San Luis Potosí, acusaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de corrupción y tráfico de influencias, en medio de una gestión hídrica marcada por la sequía y anuncios de tandeos en la capital. Las denuncias, que involucran el reconocimiento irregular de un comité ejidal alterno, contrastan con las acciones técnicas anunciadas por los gobiernos de San Luis Potosí, Durango y la Ciudad de México para enfrentar la crisis.

Los campesinos potosinos señalaron que funcionarios de Conagua favorecieron a un grupo disidente para la administración del agua, en lo que calificaron como un acto de corrupción. Esta situación refleja la tensión por el control del recurso en un contexto donde, según datos oficiales, el 16% del territorio nacional enfrentó sequía de moderada a severa durante 2025, con una recuperación parcial en el presente año.

Paralelamente, el gobierno de San Luis Potosí instaló un Consejo Técnico Consultivo del Agua, con el objetivo declarado de fortalecer la gestión hídrica estatal. Mientras tanto, en la región de La Laguna, el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) de Gómez Palacio, Durango, lanzó una licitación pública para la rehabilitación de su infraestructura, un proyecto que requerirá una inversión superior a los 500 millones de pesos e involucra tuberías de 72 y 60 pulgadas de diámetro.

En la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) confirmó que aplicará interrupciones parciales del suministro en algunas zonas para lograr una distribución más equitativa. Esta medida se da a pesar de que el Sistema Cutzamala, principal fuente de agua para el Valle de México, reporta actualmente un almacenamiento superior al 80% de su capacidad.

La situación expone la dualidad de la crisis hídrica en México: por un lado, denuncias ciudadanas por opacidad y corrupción en la administración del recurso, y por el otro, una serie de acciones oficiales –como consejos consultivos, licitaciones para rehabilitación y programas de tandeo– que buscan, según las autoridades, una gestión técnica y eficiente. Hasta el momento, no se han dado a conocer resultados de investigaciones sobre las acusaciones de los ejidatarios potosinos.

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