Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica (SESNSP) reportó 47 casos de muertes violentas de menores de edad durante el primer trimestre de 2026, una cifra que coincide con la movilización de aproximadamente 2,000 personas bajo la campaña ‘Con nuestros niños no’. La protesta social responde a la serie de crímenes que han impactado al país en las últimas semanas, incluyendo los casos de Ricardo Mizael, adolescente de 15 años en Sinaloa, y Eitan Daniel, niño desaparecido en Ciudad Juárez.
En el marco de estas revelaciones estadísticas, colectivos de búsqueda y familiares de las víctimas han tomado las calles para exigir respuestas y justicia. La presión ciudadana se ha intensificado tras la detención de cinco personas vinculadas al caso de Eitan Daniel, entre quienes se encuentra su propia madre, según lo informado por las autoridades competentes en Chihuahua.
Los reportes de medios digitales como debate.com.mx señalan que la violencia contra la infancia no se limita a una sola entidad federativa, documentando casos graves en Sinaloa, Chihuahua y Guanajuato. En esta última entidad, se han registrado hallazgos de restos humanos en pozos de riego en localidades como Villagrán y Mexicanos, aunque las cifras exactas de los cuerpos recuperados y las fechas precisas de los descubrimientos permanecen bajo reserva mientras continúan las investigaciones periciales.
La campaña ‘Con nuestros niños no’ agrupa a diversos sectores de la sociedad que demandan una estrategia efectiva para proteger a la niñez mexicana frente al avance del crimen organizado. Los manifestantes subrayan que cada uno de los 47 casos reportados por el SESNSP representa una falla estructural en la seguridad pública y un llamado urgente a las instituciones para evitar que la cifra negra de la violencia siga en aumento.
A pesar de las detenciones realizadas en el caso de Ciudad Juárez, persiste la incertidumbre sobre la vinculación formal de los hechos ocurridos en Guanajuato con grupos delictivos específicos, dado que las autoridades judiciales aún no emiten confirmaciones oficiales al respecto. Mientras tanto, la sociedad civil mantiene la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado para garantizar la vida y la integridad de los menores.
