Por Redacción

Tijuana, 21 de marzo de 2026.- El panorama judicial y de seguridad en Tijuana presenta una serie de eventos críticos que involucran a funcionarios públicos, exfuncionarios y mandos policiales. Entre los casos más relevantes se encuentra el diferimiento de la audiencia contra la exjueza Lourdes Molina, acusada de fraude vinculado al esquema piramidal Terablock; la vinculación a proceso del excampeón de boxeo y exfuncionario municipal Erik ‘Terrible’ Morales por un delito de abuso sexual ocurrido en julio de 2025; y la aparición de una manta amenazante dirigida a Sergio Chávez Mondaca, director de investigación de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro (FESC), relacionada con el presunto desvío de sustancias ilícitas.

En el ámbito judicial, el proceso contra Lourdes Molina registró un nuevo capítulo con la suspensión de su audiencia programada. La exjueza enfrenta cargos por su presunta participación en actividades fraudulentas asociadas a la plataforma Terablock. La investigación no especifica las razones legales técnicas del diferimiento ni detalla si la implicada enfrentará consecuencias inmediatas por no presentarse, aunque el caso mantiene atención por el perfil de la acusada dentro del poder judicial bajacaliforniano.

Por otro lado, Erik Morales, conocido en el ambiente deportivo como el ‘Terrible’ y quien se desempeñó como funcionario municipal, fue vinculado a proceso. La imputación formal responde a un delito de abuso sexual cometido el 4 de julio de 2025. Aunque la identidad completa de la víctima denunciante no ha sido revelada en los reportes disponibles, la decisión judicial marca un punto de inflexión en el caso que involucra a una figura pública de la ciudad.

La situación de seguridad escaló con la colocación de una manta en la vía pública dirigida específicamente a Sergio Chávez Mondaca, titular de la FESC. El mensaje reclamaba la existencia de 1,700 libras de droga, desglosadas según la nota en 29.34 kilos de metanfetamina y 38 kilogramos de cocaína, que habrían sido aseguradas o desviadas. El texto de la lona sugiere una acusación directa contra el mando policial respecto al manejo de estos decomisos, aunque la investigación no identifica al grupo delictivo responsable de la amenaza ni confirma la veracidad del supuesto desvío.

Estos hechos ocurren en un contexto donde agentes del Ministerio Público en Baja California han sido previamente capturados por vínculos con el narcotráfico. Entre los antecedentes citados figuran los casos de Octavio Andree Espino Torres, exagente del MP, y Ana Sofía López Osuna, agente del MP, aunque el estado actual procesal de ambos no se detalla en la información disponible. La convergencia de estos episodios subraya la complejidad que enfrentan las instituciones locales entre la procuración de justicia y la infiltración criminal.

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