Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó este martes la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual, con 466 votos a favor, tras una discusión que duró hora y media en el pleno legislativo. La normativa, enviada como iniciativa por la presidenta Claudia Sheinbaum, sustituye el marco vigente desde 1992 y establece nuevos mecanismos de fomento para la industria cinematográfica nacional.

Entre los puntos centrales de la legislación destaca la obligación para las salas de exhibición y plataformas digitales de destinar una cuota mínima del 10 por ciento de su tiempo de programación a contenido mexicano. Asimismo, se amplía el tiempo mínimo de proyección en cartelera para las películas nacionales, pasando de siete a 14 días, con el objetivo de garantizar mayor visibilidad a las producciones locales.

La diputada Alma Lidia de la Vega, presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía y miembro de Morena, encabezó la defensa de la iniciativa en el recinto de San Lázaro. Durante su participación, subrayó la necesidad de modernizar un marco legal que permaneció sin actualizaciones por más de tres décadas, argumentando que las nuevas reglas son indispensables para equilibrar la competencia frente a los grandes consorcios internacionales de streaming.

En materia de incentivos económicos, la ley contempla un crédito fiscal de hasta el 30 por ciento del gasto realizado en territorio nacional para proyectos audiovisuales. No obstante, la normativa impone un tope de 40 millones de pesos por proyecto para el acceso a estos beneficios. El diputado Pedro Haces, también de la bancada de Morena, participó en el debate apoyando las medidas de estímulo como un motor para la generación de empleo en el sector creativo.

La aprobación en la Cámara baja se dio por unanimidad en este primer intento, lo que facilita su tránsito legislativo. Sin embargo, el proceso no ha concluido; el dictamen será turnado ahora al Senado de la República para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación definitiva antes de poder entrar en vigor y ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Con esta acción, el gobierno federal busca consolidar una política de Estado que proteja y promueva la identidad cultural a través del cine, obligando a los actores privados, incluidos los servicios por internet, a contribuir activamente en la difusión del catálogo nacional.