Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó este martes las reformas a la Ley de Vivienda, una iniciativa impulsada por el partido Morena y sus aliados que modifica el marco jurídico para permitir que el Infonavit y el Fovissste constituyan filiales dedicadas a la compra de terrenos, construcción, remodelación y comercialización de viviendas para venta o renta. La votación en lo general contó con 356 votos a favor y 99 en contra, mientras que en lo particular la aprobación se logró con 354 votos positivos frente a 95 negativos.

Con esta modificación legislativa, se sustituye el concepto de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada” en la normativa vigente. Durante el debate, la diputada Sandra Patricia Palacios, representante de Morena, avaló la reforma describiéndola como un modelo de “vivienda del bienestar”. Por su parte, la oposición expresó su rechazo; la diputada Blanca Gutiérrez Garza, del PAN, objetó la iniciativa argumentando que se traslada la carga de la construcción a los fondos de los trabajadores y que el cambio transforma a las instituciones de facilitadoras de crédito a intermediarias.

De manera paralela a la aprobación legislativa en la capital del país, se dieron a conocer detalles sobre un programa de vivienda social en el estado de Sonora con respaldo federal. El gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció una inversión autorizada de 10,000 millones de pesos para este fin. Como resultado de este programa, la meta de viviendas en la entidad se incrementó de 33,800 a 65,000 unidades. Actualmente, se reportan 9,694 viviendas en proceso de construcción y 18,126 más en etapa de planeación en dicha entidad.

La aprobación de estas reformas marca un cambio significativo en la operación de los organismos de vivienda en México, al otorgarles facultades directas para intervenir en la cadena productiva de la vivienda, más allá de su rol tradicional como otorgantes de financiamiento. La división en la votación refleja las posturas encontradas entre el bloque oficialista, que promueve la expansión de la oferta habitacional mediante la participación directa del Estado, y los partidos de oposición, que cuestionan el uso de los recursos de los derechohabientes para fines constructivos.