Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Gobierno de México dio a conocer este viernes el informe actualizado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el cual establece un total histórico de 394 mil 645 registros entre 1952 y marzo de 2026. De esta cifra global, las autoridades reportaron que 262 mil 111 personas han sido localizadas, lo que representa el 66 por ciento del total acumulado.
Durante la presentación de los datos duros, se detalló que, al corte del 26 de marzo de 2026, permanecen con estatus de desaparecidas 132 mil 534 personas. Del universo de individuos localizados, 240 mil 211 fueron encontrados con vida, equivalente al 92 por ciento de las búsquedas exitosas, mientras que 21 mil 900 corresponden a hallazgos sin vida, representando el 8 por ciento restante.
El desglose de la información oficial indica que de los casos registrados antes de 2006 existen 2 mil 356 desapariciones. Por otro lado, los casos posteriores a ese año con estatus activo suman 130 mil 178 registros. Dentro de este grupo reciente, la clasificación gubernamental divide los expedientes en tres categorías: 46 mil 742 casos carecen de datos suficientes para iniciar una búsqueda efectiva; 40 mil 308 cuentan con datos y actividad posterior, de los cuales ya se ubicó a 5 mil 269 personas; y 43 mil 128 tienen datos pero sin actividad reciente, situación en la que solo 3 mil 869 cuentan formalmente con una carpeta de investigación abierta.
En cuanto a los esfuerzos recientes de localización, el informe precisa que entre octubre de 2024 y marzo de 2026 se logró ubicar a 31 mil 946 personas. La difusión de estas cifras se realizó en un evento donde estuvieron presentes la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y Félix Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, además de la titular del Sistema Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.
La entrega de este reporte ocurre en el contexto de la implementación de reformas legales aprobadas en 2025 en materia de desaparición de personas. Ante la presentación de los números, diversos colectivos de búsqueda y sectores de la oposición política han manifestado su exigencia de transparencia respecto a la metodología empleada para clasificar los casos y verificar las actividades posteriores, así como preocupación por la disparidad entre el volumen de registros y el número de carpetas de investigación formalizadas.
