Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la empresa de entretenimiento Xcaret debe dejar de utilizar elementos de la cultura Maya en toda su publicidad mientras se resuelve el fondo del caso. Por una votación de siete votos a dos, el tribunal aprobó el proyecto de la ministra María Estela Ríos González, estableciendo una medida cautelar que protege el patrimonio ancestral por encima del interés comercial.

El conflicto surgió tras una denuncia presentada por cuatro personas que se ostentaron como Mayas ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), organismo que ordenó medidas cautelares para retirar contenidos publicitarios con simbología indígena. Aunque un juzgado de distrito había concedido previamente una suspensión definitiva a favor de la empresa turística, la SCJN revirtió dicha decisión para impedir la continuación de las actividades comerciales que utilizan estos símbolos sin una autorización válida desde la perspectiva de la protección del patrimonio de la nación.

En su argumento, la ministra María Estela Ríos González señaló que las empresas, aun cuando realicen inversiones que beneficien a las comunidades, no están facultadas para disponer indebidamente del patrimonio cultural de los pueblos indígenas. La mayoría del tribunal consideró que el Gran Pueblo Maya no podía otorgar autorización a Xcaret para utilizar los símbolos, priorizando así la salvaguarda de la identidad cultural sobre cualquier contrato privado.

La ministra Yasmín Esquivel fue una de las dos voces disidentes en la sesión. La funcionaria manifestó su preocupación por la decisión, argumentando que con ello se está desconociendo la voluntad del Gran Consejo Maya, entidad reconocida en leyes de protección indígena desde 1998. Esquivel enfatizó que existe un acuerdo comercial entre la empresa y dicha comunidad del cual se benefician los integrantes del consejo.

Como parte de los argumentos presentados durante la discusión, se mencionó que la Suprema Corte recibió un escrito con 209 firmas de comisariados ejidales, alcaldes, delegados, subdelegados y jueces tradicionales que apoyan la postura del Gran Consejo Maya. Sin embargo, la resolución final de la Corte mantiene la prohibición del uso de la simbología característica de la marca hasta que se defina judicialmente quién representa legítimamente al pueblo Maya en este asunto.