Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Un juez federal absolvió a Javier ‘N’, único detenido por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes ocurrido en febrero de 2019, al considerar que las pruebas presentadas por la Fiscalía de Morelos fueron insuficientes para acreditar su culpabilidad. El fallo judicial se produce en medio de diversas acciones penales en el país, que incluyen la detención de cuatro ciudadanos colombianos por el robo de joyería valorada en 400 mil pesos en la alcaldía Benito Juárez, y el procesamiento de cinco personas en Chihuahua por delincuencia organizada con fines de tráfico de personas.
El caso de Samir Flores, defensor ambiental opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), había mantenido en vilo a organizaciones sociales durante más de cuatro años. Según reportes de medios nacionales, la investigación fiscal no logró consolidar evidencia contundente contra el imputado, lo que llevó al juzgado a decretar su liberación. Fuentes judiciales señalaron que el proceso estuvo marcado por irregularidades desde su inicio.
Paralelamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó sobre la captura de cuatro individuos de nacionalidad colombiana, cuyas edades oscilan entre 24 y 52 años, tras sustraer 739 piezas de joyería en la alcaldía Benito Juárez. Uno de los detenidos contaba con antecedentes penales, según las autoridades capitalinas.
En Chihuahua, un juez impuso prisión preventiva oficiosa a cinco hombres identificados como José Isaac N, José Ramón N, José N, Luis N y Gonzalo N, por su presunta vinculación con delincuencia organizada dedicada al tráfico de personas. Mientras tanto, en Puerto Vallarta, Jalisco, otras siete personas fueron vinculadas a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de portación de armas de fuego.
La absolución en el caso Flores evidencia los persistentes desafíos en la procuración de justicia para defensores de derechos humanos y ambientales en México, donde la impunidad sigue siendo un problema estructural. Organizaciones civiles han exigido repeatedlyamente el esclarecimiento de este crimen, que se enmarca en un contexto de conflictos socioambientales por megaproyectos en el país.
