Por Redacción
Ciudad de Mexico, 10 de agosto de 2026.- El senador y Presidente Nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos en contra de tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE): Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga.
La acción legal se realizó invocando la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, normativa que faculta al gobierno estadounidense para imponer sanciones económicas y restringir el ingreso a su territorio a funcionarios acusados de graves violaciones a derechos humanos o actos de corrupción. Moreno pidió explícitamente que se les retire la visa y se les apliquen dichas sanciones.
Esta denuncia surge luego de que el INE emitiera una resolución que prohibió a Moreno referirse al partido Morena como ‘narcopartido’, decisión que el priista calificó como un acto que coarta su libertad de expresión y que ya ha sido impugnada ante la Sala Superior del tribunal electoral.
Al respecto, Alejandro Moreno afirmó que en México existe “un órgano electoral sometido y al servicio del gobierno, tomando decisiones que afectan directamente a la oposición”. Asimismo, adelantó que llevará el caso ante otros organismos internacionales: “presentaremos las denuncias correspondientes ante otros organismos internacionales, como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
El líder priista, quien también preside la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), advirtió sobre sus intenciones de continuar con la defensa de la libertad de expresión: “No nos van a callar y vamos a seguir defendiendo la libertad de expresión y a México. En el PRI no vamos a permitir que los cínicos y narcopolíticos de Morena terminen de construir una dictadura al amparo del crimen organizado”.
Cabe mencionar que en julio de 2025, Estados Unidos aplicó precedentes bajo esta misma ley al sancionar al juez brasileño Alexandre de Moraes, revocándole la visa por acciones consideradas como represión contra opositores políticos.
