Washington D.C., 02 de abril de 2026.- Un año después de que Donald Trump anunciara aranceles generalizados del 10% y de hasta el 50% para países con mayor déficit comercial con Estados Unidos, el Supremo ha declarado ilegales los mal llamados aranceles recíprocos. La medida, implementada el 2 de abril de 2025, fue justificada por el entonces presidente bajo la premisa de que “nuestro país ha sido saqueado, expoliado, violado y robado”.

A pesar de que Washington ha recaudado unos 264.000 millones de dólares con las tarifas, los datos indican que no se ha logrado reducir el déficit comercial. Asimismo, los aranceles no han servido para disparar la apertura de fábricas ni atraer más inversión extranjera. La economía estadounidense registra un crecimiento más débil, con un 2,1% el año pasado, frente al 2,8% de 2024.

En el ámbito internacional, Estados Unidos compra menos productos a China, aunque Pekín no vende menos porque ha encontrado otros mercados. Por otro lado, la Unión Europea ha firmado el acuerdo comercial con el Mercosur, que llevaba décadas atascado. Durante el anuncio original en la rosaleda de la Casa Blanca, Brian Pannebecke, un trabajador jubilado del sector de la automoción, expresó su respaldo: “Apoyamos al 100% las políticas arancelarias del presidente” y añadió que “le estamos profundamente agradecidos y en seis meses o un año empezaremos a ver los beneficios”.

Paralelamente, la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) señala en un informe que México obstaculiza la participación de las empresas estadounidenses en el sector energético. El documento indica que las últimas reformas legales en México dan prioridad a las empresas estatales Pemex y CFE, impidiendo la inversión de las firmas estadounidenses. Según la USTR, “las empresas privadas que operan en México a menudo no pueden participar de manera efectiva, o incluso no participar en absoluto, en el sector energético mexicano debido a las frecuentes demoras, los rechazos inexplicables o injustificados y la inacción respecto a las solicitudes de nuevos permisos o modificaciones de los existentes”.

La normativa mexicana impone nuevas restricciones a los permisos de combustible, reduce la vigencia de los permisos de importación de 20 a 5 años y la de los permisos de comercialización de 30 a 2 años. Estos cambios normativos no se aplican a Pemex. Este escenario marca un contraste con 2014, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se abrió el sector energético a la inversión privada, y con 2018, cuando con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, la política energética dio un giro de 180 grados y volvió a estar centrada en las actividades estatales.