Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- La Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República inició el análisis de la iniciativa conocida como ‘Plan B’ electoral, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en un contexto marcado por la falta de consenso dentro de la coalición gobernante debido a la postura del Partido del Trabajo (PT) y respaldada por altos índices de aprobación ciudadana a la administración federal.
El proceso legislativo se desarrolla mientras persiste un desacuerdo explícito del Partido del Trabajo, integrante de la alianza oficialista, respecto a uno de los puntos centrales de la reforma: la realización de la consulta de revocación de mandato al mismo tiempo que la elección federal de 2027. Esta divergencia genera tensión en la coordinación de los bloques parlamentarios que impulsan las reformas de la administración Sheinbaum.
En paralelo al debate sobre el paquete electoral, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, lidera los trabajos de la cámara alta donde también se discuten otras iniciativas prioritarias para el ejecutivo, incluyendo la reforma a las pensiones doradas, una propuesta para flexibilizar garantías de créditos fiscales y una ley destinada a fomentar la inversión privada en infraestructura.
Datos de la consultora MetricsMx, citados por medios de comunicación, indican que la aprobación presidencial de Claudia Sheinbaum se sitúa en 76.5%, mientras que el apoyo específico a la revisión de las pensiones alcanza un 82.1%. Estas cifras ofrecen un panorama de respaldo popular que contrasta con las dificultades técnicas y políticas reportadas en la tramitación legislativa del dictamen electoral.
Además de la agenda de reformas internas, la agenda del Senado incluye el análisis de una solicitud internacional relacionada con los preparativos deportivos; se trata de un permiso para permitir la entrada de 35 elementos de la Armada de Estados Unidos, quienes llegarán al país para realizar actividades de capacitación vinculadas con la organización del Mundial de fútbol de 2026.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados también ha participado en el proceso previo de esta iniciativa, conforme a lo reportado por publicaciones especializadas en la materia legislativa. El avance del ‘Plan B’ dependerá de la capacidad de la mayoría parlamentaria para integrar las observaciones de sus aliados y reunir los votos necesarios en el pleno para su aprobación definitiva.
