Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La reforma electoral conocida como Plan B avanza en el Congreso de la Unión con el respaldo decisivo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuyos 13 de 14 senadores se sumarán a la iniciativa impulsada por Morena. El objetivo central de esta legislación es establecer los mecanismos para una revocación de mandato en 2027, que permitiría a la presidenta Claudia Sheinbaum buscar la ratificación de su cargo, además de implementar recortes significativos al gasto público en procesos comicios.
Manuel Velasco Coello, líder senatorial del PVEM, confirmó la alineación de su bancada con el proyecto oficialista, marcando un consenso clave para alcanzar la mayoría calificada necesaria. Por su parte, Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, coordina los trabajos legislativos para finalizar la votación en los próximos días, mientras la Cámara de Diputados prepara simultáneamente la convocatoria para designar a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), en un movimiento paralelo que busca renovar la autoridad electoral.
El paquete de reformas incluye medidas de austeridad como la limitación del gasto de los congresos locales al 0.7 por ciento del presupuesto estatal, la reducción del número de regidores en los ayuntamientos y una disminución general del financiamiento a los partidos políticos. Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador de Morena, destacó que estas acciones buscan optimizar recursos sin mermar la democracia, enfocando los ahorros administrativos hacia programas de bienestar social.
En el ámbito ejecutivo, la iniciativa modifica las reglas de la revocación de mandato para permitir que el proceso se lleve a cabo durante el segundo año del sexenio, específicamente en 2027 o 2028, y habilita que el titular del Ejecutivo federal pueda pronunciarse activamente durante la campaña. Esta modificación es fundamental para la estrategia política de la administración actual, que vislumbra una consulta popular como vía para legitimar la continuidad del proyecto de transformación.
La armonización legislativa ya trasciende al ámbito local; Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, anunció que presentará una iniciativa en su estado para alinear la legislación local con los nuevos preceptos federales del Plan B. Mientras tanto, la oposición, representada por figuras como Elías Lixa del PAN, mantiene su crítica a la reforma, aunque la fuerza numérica del bloque oficialista y sus aliados garantiza la aprobación inminente del decreto.
Con estos avances, el gobierno federal consolida la arquitectura legal para el próximo ciclo político, integrando la renovación de consejeros electorales y la reducción de costos de campaña como pilares de su agenda legislativa de 2026, a la espera de que la ciudadanía se pronuncie sobre el futuro del mandato presidencial en la urna de la revocación.
