Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- La extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha derivado en una caída superior al 88% en la resolución de recursos de revisión, mientras que el Órgano Interno de Control (OIC) revocó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de reservar por cinco años la información sobre un contrato de videovigilancia, marcando el primer conflicto de transparencia bajo el nuevo esquema jurídico.
Desde marzo de 2025, cuando entró en vigor la reforma que eliminó al organismo autónomo, la entidad sucesora denominada ‘Transparencia para el Pueblo’ ha resuelto únicamente 5,921 recursos de revisión. Esta cifra contrasta drásticamente con las 53,233 resoluciones emitidas por el INAI durante todo el año 2024, lo que representa una reducción operativa significativa en la capacidad de respuesta para garantizar el derecho de acceso a la información.
La disminución de la productividad es evidente incluso en comparaciones de periodos cortos: entre enero y marzo de 2025, el extinto INAI logró resolver más de 8,000 recursos, número que supera el total acumulado por la nueva institución en un año completo de operaciones. Cabe destacar que en 2024, el INAI recibió un millón de solicitudes de información, estableciendo un precedente de alta demanda ciudadana que ahora recae sobre la nueva estructura.
En medio de este contexto de reducción de capacidades, surgió un conflicto sobre la opacidad en el sector electoral. El medio de comunicación La Silla Rota interpuso un recurso de revisión para exigir la transparencia del contrato INE/050/2025, mediante el cual el instituto electoral adquirió más de 300 cámaras para ocho edificios y 32 juntas locales. El INE argumentó que los detalles del contrato debían mantenerse en reserva por cinco años debido a riesgos de seguridad nacional y protección de su personal.
Sin embargo, el Órgano Interno de Control (OIC) determinó que la información del contrato no revela aspectos técnicos ni detalles de infraestructura que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional, ni la vida, seguridad o salud de persona física alguna, obligando con ello a la divulgación de los datos. Esta decisión contradice la postura inicial del INE, cuyo equipo de seguridad no se había actualizado desde 2008 y que justificó la reserva ante las condiciones actuales de violencia contra el órgano electoral.
Ante la falta de datos públicos sobre el desempeño de la nueva entidad, Julieta del Río, excomisionada del INAI, señaló que no existe manera de evaluar al nuevo órgano de rendición de cuentas. La especialista highlighted la imposibilidad de realizar un análisis objetivo debido a la carencia de estadísticas completas sobre la operación de ‘Transparencia para el Pueblo’, cuya creación formal data de junio de 2025, tras la extinción oficial del INAI el 20 de marzo de 2025.
