Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que establece un tope máximo del 50 por ciento de la remuneración de la presidencia para las pensiones de exfuncionarios públicos de confianza, una medida que afecta a jubilados de organismos como PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro. La decisión fue tomada en la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde la iniciativa impulsada por el Ejecutivo federal buscó eliminar los llamados esquemas de “pensiones doradas”.

El proceso de votación presentó discrepancias en los reportes periodísticos sobre los resultados exactos. Mientras que algunas fuentes indicaron una aprobación con 458 votos a favor, otros registros detallan un conteo de 363 votos favorables, 64 en contra y 20 abstenciones. A pesar de estas diferencias numéricas, todas las versiones confirman que la reforma alcanzó la mayoría calificada necesaria para modificar la Carta Magna, aunque se registraron posturas divergentes durante el debate en el pleno.

Durante la sesión legislativa, se presentaron diversas reservas por parte de diputados de la oposición y de partidos aliados, centradas principalmente en la aplicación retroactiva de la norma. La diputada Margarita Zavala, del Partido Acción Nacional (PAN), fue mencionada en el contexto de las discusiones sobre la iniciativa. Los legisladores que plantearon reservas argumentaron la necesidad de proteger derechos adquiridos y evitar afectaciones a trabajadores que cumplieron largos años de servicio, advirtiendo sobre la posibilidad de que la medida genere incertidumbre jurídica o costos legales superiores a los ahorros previstos.

La aprobación en el recinto parlamentario coincidió con manifestaciones en el exterior del Palacio Legislativo. Jubilados de las instituciones afectadas se congregaron para protestar contra la reforma, exigiendo que se diera marcha atrás a la modificación del Artículo 127 constitucional. Los manifestantes sostuvieron que el cambio impacta directamente su seguridad económica y vulnera los acuerdos bajo los cuales se retiraron del servicio público.

De acuerdo con lo establecido en la investigación, la reforma contempla excepciones específicas: quedan fuera del tope los haberes de retiro de las Fuerzas Armadas, las pensiones ya constituidas vigentes y aquellas derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, así como las no contributivas. Asimismo, el texto aprobado incluye ajustes en el lenguaje para hacerlo inclusivo, reflejando cambios formales en la redacción constitucional.

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la minuta será remitida a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su ratificación, paso indispensable para que la reforma entre en vigor. El debate sobre el alcance exacto de la aplicación retroactiva y el número de personas afectadas continuará en el análisis de los detalles finales de la enmienda, mientras se resuelven las reservas presentadas durante la discusión en lo particular.

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