Por Redacción
Mexicali, 26 de julio de 2026.- La captura de cuatro menores de edad involucrados en un secuestro y tres implicados en un asesinato ha evocado el abandono institucional que sufren los menores, mientras el oficialismo pide el endurecimiento de las penas. En poco más de una semana, ocho menores fueron detenidos vinculados a crímenes atroces como secuestro y homicidio.
Dos de los ocho detenidos tenían 13 y 14 años de edad. Tres de ellos fueron señalados como autores del asesinato de Flaviano López Martínez, un conductor de InDrive de 50 años, a quien habrían matado de un balazo, trasladado a un terreno despoblado e incendiado su cuerpo después de videograbarlo, exhibirlo y ridiculizarlo. Los otros cinco fueron capturados en Playas de Tijuana por privación de la libertad.
Ante estos hechos, la única respuesta del sector político ha sido la del diputado Juan Manuel Molina, quien propone endurecer las penas contra menores infractores. Sin embargo, este enfoque centra el debate en establecer como únicos responsables a los adolescentes sin analizar sus condiciones materiales de vida, la precarización, la susceptibilidad a la delincuencia organizada ni la falta de atención temprana de salud mental.
Este escenario recuerda lo ocurrido en septiembre de 2022, cuando funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), acompañados de la Fiscalía General del Estado (FGE), irrumpieron en la casa hogar ‘A Way Out’ en la colonia Robledo de Mexicali. El inmueble, obtenido mediante comodato, era dirigido por la activista Gabriela Ortiz y atendía a niños y adolescentes que ninguna otra institución recibía, incluyendo jóvenes con historial criminal, consumo de enervantes o vínculos con la delincuencia organizada.
El albergue cerró sus puertas debido a la detección de supuestos abusos que nunca fueron confirmados; las acusaciones emitidas por el DIF y la FGE no pudieron sostenerse y cada señalamiento fue desacreditado. Entre las denuncias figuraba que los menores eran obligados a hacer sus necesidades en baldes, cuando la realidad era que la CESPM dejó sin agua al lugar por varios días, obligando a usar alternativas ante la necesidad y la sobrepoblación.
Gabriela Ortiz denunció durante años abusos e intentos de corrupción de funcionarios, principalmente durante la época del PAN, quienes condicionaban apoyos a cambio de devolver una parte en efectivo. Al no prestarse a ello, la activista fue castigada varias veces.
