Por Luis Martínez Alcántara
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió el 8 de marzo en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, un presunto centro de exterminio. En el lugar se hallaron tres hornos crematorios, restos óseos calcinados y más de 200 pares de zapatos, lo que sugiere actividades de violencia extrema. Este descubrimiento ha generado conmoción y ha puesto en evidencia la brutalidad de los grupos criminales en la región.
En respuesta a estos hallazgos, el 17 de marzo circuló en redes sociales un video atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En la grabación, un hombre armado y encapuchado, flanqueado por otros individuos igualmente armados, negó que el rancho Izaguirre haya funcionado como centro de exterminio o de reclutamiento forzado.
El portavoz del CNJG afirmó que el predio fue asegurado por fuerzas federales en septiembre de 2024 sin encontrar indicios de actividades criminales en ese momento y también cuestionó la legalidad de la intervención del colectivo de búsqueda en el rancho asegurado, sugiriendo que podrían haber manipulado la escena para generar una “película de terror” y causar impacto en las redes sociales.
Además, acusó a los medios de comunicación de difundir información sin verificar, perjudicando la imagen del cártel. Estas declaraciones han generado controversia y han sido vistas como un intento de desacreditar el trabajo de los colectivos de búsqueda.
Las autoridades federales y estatales han intensificado las investigaciones en el rancho Izaguirre. La Fiscalía de Jalisco ha identificado a un presunto operador del CJNG, conocido como “El Sapo”, como principal sospechoso de dirigir las actividades en el lugar. Este individuo ya había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2021 y es señalado por su participación en otros crímenes en la región.
La difusión del video atribuido al CJNG desató preocupación entre colectivos de búsqueda y la sociedad en general, debido al tono confrontativo contra las madres buscadoras y a la negación de las atrocidades descubiertas. Este incidente subraya los desafíos que enfrentan las familias de desaparecidos y las organizaciones civiles en su lucha por la verdad y la justicia en un contexto de violencia e impunidad.
