Por Redacción
Washington, 20 de marzo de 2026.- Una coalición formada por 24 estados, junto con una docena de ciudades y condados de Estados Unidos, presentó una demanda legal contra la administración de Donald Trump y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por la revocación de las limitaciones a los gases de efecto invernadero. La acción fue presentada ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, argumentando que la agencia federal actuó ilegalmente al eliminar protecciones ambientales establecidas previamente.
El núcleo de la controversia jurídica radica en la decisión de la administración Trump, tomada en febrero de 2026, de revocar una conclusión científica emitida en 2009. Dicha conclusión original establecía que los gases de efecto invernadero representan una amenaza directa para la salud pública, un consenso que los demandantes aseguran fue ignorado por la actual gestión federal.
La coalición de estados y localidades busca impugnar la validez de esta reversión regulatoria, sosteniendo que contraviene el marco legal y científico que ha guiado las políticas ambientales durante más de una década. La demanda se suma a una acción legal anterior iniciada por grupos ecologistas, lo que sugiere una convergencia de esfuerzos entre entidades gubernamentales subnacionales y organizaciones de la sociedad civil para frenar los cambios impulsados por la Casa Blanca.
Al llevar el caso ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, los demandantes pretenden que la justicia declare la ilegalidad de los actos de la EPA y restablezca las normas que limitan las emisiones de gases responsables del calentamiento global. La composición del grupo demandante abarca una amplia representación geográfica, aunque la investigación disponible no detalla específicamente los nombres de cada estado, ciudad o condado participante, ni identifica a los grupos ecologistas involucrados en la litigación previa.
Este movimiento legal marca un punto de tensión significativo entre el gobierno federal y las autoridades locales en materia de política climática. Se espera que el proceso judicial determine si la administración Trump tiene la facultad para desmantelar las regulaciones basadas en hallazgos científicos de casi dos décadas, o si los tribunales ordenarán la vigencia de las restricciones consideradas necesarias para la protección de la salud pública.
